Castilla y León pierde la gestión sobre el Duero

El Tribunal Constitucional anuló ayer el artículo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que asumía competencias de regulación y gestión sobre la cuenca del Duero en todo el trazado del río que discurre a lo largo de esta comunidad. La sentencia, dictada por unanimidad, se notificó el día después de que el mismo tribunal diese a conocer la resolución que también declaró inconstitucional el artículo del estatuto andaluz que se arrogaba la competencia exclusiva de gestión sobre el Guadalquivir en toda la parte de la cuenca, casi la totalidad, incluida en su territorio.

En ambos casos, los magistrados, sin votos discrepantes, dan la razón a sendos recursos de la Junta de Extremadura que consideraban que ambos estatutos violaban la Constitución y la ley de Aguas al atribuirse competencias de gestión sobre ríos que discurren por más de una comunidad autónoma, cuando según las leyes nacionales, se trata de tareas exclusivas del Estado y del Gobierno central.

Los fragmentos de ambos ríos y cuencas enclavados en Extremadura son mínimos, pero el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, señaló que con la presentación de los recursos no se trataba tanto de una cuestión práctica como de un asunto de principios, con el que pretendían que el Constitucional estableciese que las regiones no podían arrogarse un papel que tiene que ser compartido por todos los territorios concernidos por una cuenca hidrográfica y dirigido en exclusiva por el Estado. En su opinión, «ha ganado la coherencia y la cohesión en un tema tan importante como el del agua».

Las sentencias han provocado malestar tanto en Andalucía como en Castilla y León, ya que fueron aspectos incorporados a los nuevos estatutos con un amplio consenso político en el que estaban tanto el PP como el PSOE. El líder socialista castellano, Óscar López, dirigió una carta al presidente regional para pedirle una reunión urgente con la que tratar de ver cómo puede paliarse el efecto práctico de esta nulidad.

Reacciones

En Andalucía, el presidente José Antonio Griñán abogó por actuar en positivo y abrir un diálogo con el Gobierno central para encontrar la fórmula que permita que esta autonomía siga teniendo un gran protagonismo en las decisiones y la gestión sobre el Guadalquivir, al que considera un río andaluz. Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y antecesor de Griñán en el cargo, apuntó en la misma dirección que el mandatario andaluz y señaló que pronto reunirá la comisión bilateral para asegurar un mecanismo que permita contar con la voluntad de esta autonomía en la gestión de la cuenca.

Las reacciones de alegría, además de Extremadura, llegaron de varios barones populares de regiones muy implicadas en la llamada guerra del agua. Todos ellos se alegraron de que el Constitucional reivindique la gestión de las cuencas como una competencia nacional imposible de trocear. Más chocante fueron las palabras del murciano Ramón Luis Valcárcel y de la aragonesa Luisa Fernanda Rudi, que culparon a José Luis Rodríguez Zapatero de impulsar la regulación ahora anulada pese a que ambos estatutos están respaldados por su propio partido.