La ley de la Ciencia pasa su primer examen al obtener el visto bueno del Congreso
Izquierda Unida rechaza el texto por no arreglar la situación de los investigadores en situación de precariedad
MADRID.Actualizado:El proyecto de ley de Ciencia superó ayer su primer examen parlamentario al lograr el visto bueno de la comisión correspondiente del Congreso. Después de dos años de redacción, consultas y trámites, la norma arrastra la rémora de ser objetada por las sociedades científicas y buena parte de las universidades, además de surgir en plena crisis económica.
La norma, que pretende modernizar el sistema de investigación español, pasará a ser debatida ahora en el Senado, tras lograr el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios representados en la Comisión de Ciencia e Innovación de la Cámara baja. Los representantes del PSOE, PP, ERC, CiU, PNV y Grupo Mixto expresaron su respaldo al proyecto, aunque IU-ICV retiró a última hora su adhesión al texto, al entender que empeoraba la carrera investigadora.
El departamento que dirige Cristina Garmendia aplaudió el paso dado y destacó el amplio consenso alcanzado. Fuentes del Ministerio sostuvieron que la ley potencia el reconocimiento de los méritos de los investigadores, lo que ha de infundir esperanzas a los becarios.
Gaspar Llamazares, de IU, justificó su oposición en que no se resuelve la precariedad laboral de muchos científicos jóvenes, al tiempo que denunció que la norma carece de una memoria económica. El diputado de IU adujo que la disposición adicional aprobada empeora el estatus de los científicos jóvenes, dado que no se aplica en sus contratos el límite de tres años en la duración de la contratación temporal.
Pese al amplio respaldo cosechado por el proyecto, el texto es cuestionado por la Confederación de Sociedades Científicos de España (COSCE), que entiende que la ley de Ciencia adolece de la falta de mecanismos de financiación.
La Comisión que ha dado su plácet a la norma dispone de la competencia legislativa plena, de manera que ahora pasará a ser discutida directamente en el Senado, sin necesidad de superar el trámite del pleno del Congreso. Cuando consiga los parabienes de la Cámara alta, se espera que la ley entre en vigor entre abril y mayo.
La normativa sustituye a la ley vigente desde 1986, que, según los expertos, necesitaba ser actualizada a la luz de la configuración autonómica del Estado. El texto, tras recibir cerca de 500 enmiendas, actualiza numerosas cuestiones que no estaban recogidas en la ley de 1986, como es la inclusión de la innovación dentro del sistema científico.
El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2010, satisface una petición de la comunidad científica, como es la creación de una Agencia Estatal de Investigación, sin que comporte el aumento del gasto público. Por añadidura, prevé tres tipos de contratos para los científicos -ninguno indefinido- y la reorganización de los organismos públicos de investigación, algunos de los cuales podrían desaparecer si sus funciones se solapan con otros.