Sortu divide

La legalización o no de Sortu, que a partir de mañana será dictaminada por la Sala del 61 del Tribunal Supremo, está provocando recelos en la unidad de los demócratas y abriendo fisuras en la propia familia socialista, ya que la firmeza del Gobierno, así como la posición adversa de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, contrastan con una postura más abierta del PSE y del Ejecutivo vasco. Las diferencias, que no pasan de los matices, se deben con seguridad a que en Euskadi la opinión pública es favorable a la legalización, en tanto en el conjunto del Estado ocurre al contrario. Entre los socialistas, ha sido llamativa la posición del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, uno de los interlocutores con ETA durante el fallido proceso de paz de la pasada legislatura, quien ha acusado a Zapatero de falta de valentía al considerar inviable la legalización de Sortu sin la previa desaparición de ETA. El lehendakari Patxi López no ha ido tan lejos, pero sí ha dejado constancia de que, a su juicio, Sortu no es ETA, lo cual es por otra parte una obviedad, como el ministro Caamaño se ha ocupado de subrayar. La postura de Eguiguren, expresada ayer en un artículo, contiene una contradicción: tras sostener que «ningún político serio» puede dejar de ver la sinceridad de Batasuna al optar «por el adiós a las armas», asegura también que «ningún político serio puede olvidar que estas cosas no son irreversibles». Pudiera interpretarse que el presidente de los socialistas vascos nos pide que cedamos a un nuevo chantaje para que las gentes de Sortu no se vuelvan atrás. Quienes muestran tanta credulidad ante la conversión de la izquierda 'abertzale' a la democracia no deberían olvidar, primero, que ha sido ETA la que ha desbaratado con sus expeditivos y sanguinarios métodos todos los anteriores intentos de poner fin a la violencia. Y, segundo, que parece natural que, después de que Batasuna fuese ilegalizada por los tribunales, sea de nuevo la Justicia la que dictamine si han cesado las causas de la ilegalización. Sobre todo cuando no ha existido todavía una rectificación histórica -la renuncia a la violencia futura no incluye la condena a la pasada- ni se ha producido aún la inexorable desaparición de ETA.