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El personal, concentrado a las puertas de la casa vinatera, vive momentos de gran incertidumbre. :: J. C. C.
Jerez

Los trabajadores de Garvey se echan a la calle en demanda de sus salarios

La plantilla le pedirá al Consejo Regulador que vigile las ventas de vino para evitar la descapitalización de la bodega

A. DOÑA
JEREZ.Actualizado:

La incertidumbre sobre su futuro laboral a consecuencia de la crisis económica de Nueva Rumasa no les da tregua, a lo que se une que no cobran sus nóminas desde hace meses mientras asisten a la debacle de varias empresas de la compañía. Ahora les ha tocado el turno a ellos, los trabajadores de Garvey, a los que no les ha quedado otro remedio que protestar a las puertas de la bodega jerezana.

Como confirmaron ayer fuentes sindicales, la plantilla «no puede más» y los ánimos se encuentran ciertamente caldeados, e incluso muchos de ellos han puesto sobre la mesa la posibilidad de parar la producción , algo que les han desaconsejado desde los sindicatos. El problema fundamental es que los perjudicados no ven visos de solución y están «realmente agobiados» por la situación. En el día de hoy, representantes de los 400 trabajadores de Nueva Rumasa en la provincia se reunirán con el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, que les explicará en qué medida les afectará la crisis del grupo de Ruiz-Mateos.

Mañana, los delegados sindicales mantendrán un encuentro con el presidente del Consejo Regulador, Antonio Fernández, al que pedirán que el órgano que preside sea vigilante con las ventas que realiza Garvey y en especial con la cantidad de vino a la que da salida, con el objetivo de que no se descapitalice. Junto a este conflicto, ayer otra empresa de la compañía, la bodega Zoilo Ruiz-Mateos (antigua Sandeman), también sufrió las consecuencias de la delicada coyuntura por la que atraviesa Nueva Rumasa con los primeros apagones en sus instalaciones.

La razón es tan simple como que se han dejado de pagar las facturas a la compañía eléctrica, lo que derivará en que se frene de forma inexorable la actividad, como ya ha ocurrido en la fábrica de Dhul de Granada. Un panorama muy poco halagüeño, por el que los sindicatos han decidido aunar fuerzas y reunirse en el día de hoy, para estudiar las acciones a llevar a cabo de forma conjunta.

Ayer también trascendió que las empresas de los Ruiz-Mateos, entre ellas Dhul y Clesa, deben cerca de 50 millones de euros a la Seguridad Social, que ha emprendido procedimientos de embargo por un importe próximo a los 19 millones de euros, según figura en los registros de la propiedad.

Las mayores deudas por impago se concentran en Clesa, lo que ha obligado a iniciar embargos por valor de 13,2 millones de euros contra fincas de Jerez, Málaga, Tarragona, Sevilla, Alicante, Burgos, Murcia, Ciudad Real y Pontevedra.