Gobierno y PSOE salen en defensa cerrada de la estrategia de Zapatero frente a Sortu

El Gobierno y el PSOE salieron ayer en tromba a tapar el boquete abierto por el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren. Su lamento de que a José Luis Rodríguez Zapatero le falta valentía para gestionar la aparición de Sortu en la vida política obligó una vez más a los pesos pesados del partido a tratar de certificar que la suya es una opinión aislada y a defender la política antiterrorista del Ejecutivo. «No es cuestión de valentía -replicó el número dos de los socialistas, José Blanco- sino de legalidad».

No se puede decir que el PSOE no estuviera preparado para algo así. El hecho de que el lehendakari Patxi López haya afirmado que hay cosas «cogidas con hilos» en la argumentación de la Abogacía del Estado para impedir la inscripción del nuevo partido ha puesto de manifiesto lo que ya muchos en el Ejecutivo advertían, antes incluso de saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar Sortu en su rechazo a la violencia: que el discurso de tolerancia cero frente a ese mundo tiene gran aceptación en el resto de España pero que en el País Vasco es difícil de entender que se actúe como si nada hubiera ocurrido.

Nadie había dicho nada hasta ahora sobre los comentarios del lehendakari, a pesar de su manifiesta contradicción con la rigidez mostrada por el presidente del Gobierno cuando afirmó la semana pasada que para que Sortu sea legal ETA tendría que desaparecer. Sin embargo, con su artículo en el diario El País -en el que reprocha a Zapatero que haya hecho un seguidismo ciego de los planteamientos del PP-, Eguiguren cruzó una línea que no le perdonan en su partido, la de cuestionar que la firmeza gubernamental responda a la convicción propia de que esa es la forma del acabar con el terrorismo.

Determinación

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, replicó que el Gobierno está «haciendo las cosas con valentía y con inteligencia»; mientras que Blanco alegó además que ha dado muestras de determinación y coraje deteniendo comandos y apuntó que, en todo caso, es Sortu la que debe tener valentía para «dirigirse a ETA y exigirle que abandone las armas»; en tanto que el presidente del Congreso, José Bono, optó por no explayarse mucho y simplemente lanzó un dardo al presidente del PSE: «Zapatero en este asunto es más valiente que Eguiguren».

La condición de eterno verso suelto del dirigente vasco está en todo caso tan asumida en el PSOE que los sobresaltos periódicos se dan por descontados. Pero, aun así, en esta ocasión forzó al PSE e incluso al Gobierno vasco, a través de su portavoz Idoia Mendía, a salir al paso de su nueva declaración. La dirección de los socialistas vascos reconoció el derecho a la libertad de expresión de su presidente y afirmó compartir «en lo sustancial» sus comentarios, pero se desmarcó de la crítica al jefe del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo autonómico fue más contundente al advertir de que los debates sobre política antiterrorista solo benefician a ETA.

El que ni siquiera quiso comentar la salida de Eguiguren y se remitió al comunicado que posteriormente hizo público el PSE fue el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cuya afirmación de que Sortu no es ETA, lanzada 24 horas antes, también causó algo de desconcierto en las filas de su formación.

Caamaño sí trató en cambio de explicarse con un argumento que desató la indignación del PP. Una cosa, alegó, es el debate jurídico y otro el político. En el político, dijo, el Gobierno entiende que «Sortu es una representación de ese mundo, pero a efectos penales no es ETA -añadió-; quise decir lo obvio para introducir una matización». «Políticamente existen valoraciones que son legítimas y que todo el mundo puede formular, pero en un Estado de Derecho hay otras que están en las leyes y que hay que formular con la debida precisión», insistió.

El ministro de Justicia remarcó que existen «elementos bastantes» para afirmar que Sortu es una «derivada» de Batasuna, tal y como señala en su escrito la Abogacía del Estado, y que por lo tanto no debe ser inscrito en el registro de partidos, pero advirtió de que son los tribunales quienes deben decidir al respecto. «Y no creo -subrayó- que las decisiones políticas vayan a influir en las de derecho».