La Unión Europea multará a los socios manirrotos

La UE dio ayer un paso decisivo para completar su arquitectura económica. Los socios comunitarios aprobaron en una cumbre en Bruselas la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la columna vertebral de la coordinación financiera a escala europea. La gran novedad derivada de esta profunda modificación es que los Veintisiete castigarán a los gobiernos manirrotos que no velen por unas arcas públicas saneadas a medio y largo plazo. Para ello, se prevén medidas tan disuasoria como multas equivalentes al 0,2% del PIB, alrededor 2.000 millones de euros en el caso español.

El fortalecimiento del Pacto de Estabilidad forma parte de la estrategia europea para recuperar la credibilidad de los mercados. Después del desplome de Grecia hace menos de un año y la crisis de la deuda soberana, los Veintisiete concluyeron que la única manera de proteger sus economías y la moneda común pasaba por una mayor coordinación. En este contexto, se decidió articular un ambicioso paquete de medidas que incluye la reforma aprobada ayer, el fondo de rescate para países en apuros y el Pacto del Euro, el acuerdo impuesto por Alemania para impulsar la competitividad.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, describió la revitalización del Pacto de Estabilidad como una «reforma histórica» que conllevará una «vigilancia sin precedentes» de las economías del continente. Lo cierto es que la UE, criticada siempre por su lentitud, ha alcanzado un acuerdo que afecta a seis paquetes legislativos en un tiempo récord para sus ritmos. La conclusión más importante es que los Veintisiete se han puesto duros con los países derrochadores y poco previsores. A partir de ahora, la austeridad deberá primar en las cuentas públicas para que ningún socio ponga en aprietos al resto.

El objetivo primordial de esta vigilancia europea será controlar al dedillo la evolución del déficit y la deuda. La UE mantiene sus límites tradicionales del 3% y el 60% del PIB para ambos conceptos. La reforma, sin embargo, obliga a los países a grabarse a fuego las dos variables tanto en época de vacas flacas como en ciclos expansionistas. Con esta premisa, el aumento anual del gasto público estará siempre vinculado no sólo a previsiones de crecimiento a corto plazo, sino también a pronósticos con un horizonte más lejano.

Los países que incumplan estos preceptos de austeridad -la norma se refiere exclusivamente a la Eurozona- se enfrentarán a posibles sanciones. Según consta en el nuevo Pacto de Estabilidad, la multa ascenderá al 0,2% del PIB de aquel socio que se niegue a adoptar las medidas recomendadas por Bruselas. Hasta la fecha, la UE también contemplaba castigos, pero nunca se han llegado a aplicar. En 2003, Alemania y Francia estuvieron a punto de ser sancionados, pero flexibilizaron la normativa para evitarlo.

Coordinación

El milimétrico control de la deuda y el déficit se completará con una mayor coordinación de los presupuestos de los socios comunitarios. Los gobiernos deberán suministrar multitud de información estandarizada a Bruselas que retrate periódicamente el estado de la economía nacional. Además, se exigirán planes fiscales multianuales que cumplan con los compromisos europeos.

El tercer pilar del remodelado Gobierno económico de la UE consiste en un mecanismo para vigilar los desequilibrios macroeconómicos. Esta herramienta, basada en un conjunto de indicadores todavía por decidir, pretende detectar a tiempo problemas graves como una burbuja inmobiliaria. En este caso, también se prevén sanciones si un socio no corrije la situación. La multa ascendería al 0,1% del PIB, unos 1.000 millones si le ocurriera a España.

La ministra de Economía, Elena Salgado, también se felicitó por el acuerdo alcanzado junto a sus homólogos de los Veintisiete y destacó las «aportaciones significativas» realizadas por España. La vicepresidenta, que calificó el mecanismo de sanciones como «extremadamente importante», confió en que los presidentes avalen el pacto en la cumbre de la próxima semana. El paquete legislativo podría estar listo en junio una vez sea respaldado por el Parlamento Europeo.

La reforma del Pacto de Estabilidad, sin embargo, no ha contentado a todos. El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, tachó ayer de «insuficiente» el sistema de multas. A su juicio, los castigos deberían ser más automáticos y limitar el margen para decisiones políticas. De acuerdo al texto definitivo, el poder para iniciar un proceso sancionador queda en manos de los ministros de Economía (Ecofin), lo que abre la puerta a una mayor flexibilidad.