Rafael Ávila: «Mi vida es una mierda desde el secuestro hasta ahora. Ha cambiado todo»

Rafael Ávila, el empresario de Sanlúcar secuestrado en junio de 2008, ha declarado esta mañana que «pensaba que me iban a matar» y que temió por su vida durante los 16 días que permaneció cautivo en un chalet de Almonte.

La tercera sesión del juicio ha arrancado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz con la declaración de la víctima del que ha sido calificado por la Policía como "el secuestro económico de mayor duración de los investigados en España" y en el que el secuestrado se encontraba "en peores condiciones".

El empresario ha explicado como le abordaron cuando salía de la oficina. «Me cogieron por el cuello y en cuestión de segundos me pusieron presillas en los pies, una capucha y me ataron con cintas de precintar».

Ávila ha asegurado que no perdió el conocimiento y que escuchó como cuatro personas discutían sobre de dinero que le habían quitado. Según su relato, durante su cautiverio estuvo amarrado con unas esposas y encadenado. Apenas podía moverse y le obligaban a tragar pastillas varias veces al día. «La angustia me hacía estar en tensión las 24 horas. A veces me despertaban las hormigas, hasta que me di cuenta de que eran de mis restos, mis pelos y mi piel. Por las noches, pasaba mucho frío, por el día calor».

La víctima del secuestro relató que los secuestradores parecían tener un procedimiento y que intuye que no era la primera vez que llevaban a cabo un secuestro «porque parecía que tenían un manual».

Todo aquello que le recuerda a sus días de cautiverio le provoca angustia hoy día: «Hay olores y sensaciones que me repugnan, es constante». Además, ha declarado que ya no es la misma persona,

Luis Miguel Rodríguez Pueyo

Un total de ocho personas se sientan en el banquillo de los acusados desde el lunes. Entre ellos se encuentra Luis Miguel Rodríguez Pueyo, que ha reconocido su culpabilidad ante la juez y ser el ideólogo del secuestro, cuyo fin era obtener fondos para sufragar el secuestro posterior del también empresario Francisco Hernando, conocido como 'El Pocero'.

Rodríguez Pueyo ha señalado que la situación en la que se encontraba Avila durante su cautiverio era "deplorable". En este mismo sentido se ha manifestado el acusado de custodiar al empresario, quien confiesa que las condiciones "no eran muy humanas".

En la sesión anterior también prestó declaración Raúl Brey, propietario de la finca, quien afirma que inicialmente desconocía los hechos y que fue manipulado por el cerebro de la trama para convertirlo en "cómplice" del secuestro.

Raúl Brey Ábalo

El «miedo y las amenazas». Fueron las razones que alegó ayer Raúl Brey Ábalo, uno de los acusado por el secuestro de Rafael Ávila y dueño del chalé donde fue encerrado, para explicar por qué no avisó el delito a la Policía en junio de 2008. «Rodríguez Pueyo me dijo que si hablaba o me oponía, me podía pasar cualquier cosa», aseguró ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz, que celebraba la segunda sesión del juicio contra los ocho supuestos secuestradores.

A diferencia del día anterior, cuando declararon Luis Miguel Rodríguez Pueyo -ideólogo confeso del secuestro- y su hijo Miguel, el tribunal tuvo ayer tiempo de tomar declaración a los otros seis procesados que quedaban. Entre ellos, Raúl Brey.

Este empresario sevillano, primo del presidente del PP Mariano Rajoy, está acusado de ser uno de los 'carceleros' que custodiaban a Rafael Ávila en el chalé El Retorno (en Almonte, Huelva). No en vano, fue detenido en esta vivienda el día en que el secuestrado fue liberado por la Policía. En su declaración, Pueyo ya trató de defenderlo y dijo que no tuvo nada que ver con la trama, pero su vinculación con el secuestro es tan evidente que el abogado defensor de Brey -hermano suyo- ha pedido una pena de cuatro años de cárcel.

Ayer, Brey intentó de convencer al tribunal de que fue un espectador atemorizado de lo que ocurría, engañado por Luis Miguel, su amigo y viejo socio (Brey fue director financiero de sus empresas hasta 2005): «Me alquiló el chalé para un mes, dijo que vendría con unos extranjeros», explicó al fiscal. Sin embargo, la mañana siguiente al secuestro -el 3 de junio- descubrió el verdadero uso que se le dio a la casa. «Le dije a Pueyo que había abusado de mi confianza, que no estaba de acuerdo y que se fuera -recordó ayer-; él me dijo que estaba dispuesto a llevárselo a Madrid, pero que recaería en mi conciencia si le pasaba algo, porque hacía calor». El empresario justificó su silencio por el miedo a un riesgo de muerte: «Dijo que tenía un tirador, me amenazó y me callé». Pero también alegó cierto temor a la Justicia: «Me convenció para quedarme esa noche y al día siguiente me dijo que había caído en su trampa, que ya era su cómplice».

Junto a Brey, la Policía detuvo en el chalé de Almonte a José Antonio Giles Rodríguez, un joven de 27 años que -según los testimonios- era amante de algunos procesados y que también está acusado de ser 'carcelero' de Ávila. Según el fiscal, lo hizo a cambio de droga, pues sufría de drogadicción y a diferencia de Brey, confesó abiertamente su participación en los hechos. Ayer, ante el tribunal, relató en qué consistían sus «cuidados» a Ávila en el box de caballos en que fue encerrado: le llevaba la comida y el agua, recogía el cubo en el que hacía sus necesidades, le daba los tranquilizantes, y ponía la música árabe en el box de al lado. «Todo por orden de Pueyo», aseguró. Sin embargo, Giles negó que utilizara una pistola falsa para intimidar a la víctima, como apuna la acusación, que recordó ayer que Rafael fue sometido a unas condiciones inhumanas: estuvo encadenado, le obligaban a comer, le drogaban y apenas le permitían beber y asearse.

Señalados por sus móviles

Antes de Brey y Giles, declaró Manuel I. R, amigo íntimo de Pueyo al que se le acusa de sondear a la familia Ávila para conocer los pasos de la Policía. Este empresario sanluqueño, que había comprado y alquilado unos inmuebles al secuestrado, aseguró que su casa estaba cerca de la agencia inmobiliaria de Ávila -«pasaba por delante todos los días»- y por eso se interesó por su situación. El fiscal, en cambio, le reprochó que su móvil realizó llamadas desde Almonte la noche del secuestro. Él alegó que «Pueyo se lo llevó en un descuido».

Las escuchas telefónicas de la Policía, cuando descubrió quiénes estaban detrás del delito, son algunas de las pruebas fundamentales usadas por el fiscal Álvaro Conde para rebatir a los procesados. Por ejemplo, a Luis Antonio R. de S. (hijastro de Pueyo), un madrileño afincado en Sanlúcar, imputado por financiar supuestamente el secuestro con parte del Gordo de Navidad que ganó.

Cuando Antonio se declaró inocente, el fiscal solicitó reproducir una llamada que hizo a su hermano Miguel -que declaró el día anterior-, en la que le pregunta: «¿Cómo va todo?» y Miguel le pone al teléfono la voz de Rafael Ávila. Antonio reconoció entonces que había «supuesto» que Miguel estaba vinculado al secuestro, porque le dijo que tenía «problemas». «Por haberle encubierto, me encuentro en la cárcel», admitió.