Los intrusos de los ERE dejarán de cobrar

La imputación del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, en el caso de los ERE ha motivado un cambio en la actitud de la Junta. Quizá se trate de una casualidad, pero justo un día después de darse a conocer la noticia, el Gobierno regional anuncia que va a iniciar los trámites para cancelar las pensiones a los 59 falsos prejubilados. Y lo hace incluso antes de que finalice el proceso judicial abierto y de que se compruebe la implicación de otros 87 sospechosos que ya se han detectado.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, avanzó ayer en una rueda de prensa que este procedimiento se iniciará en breve y se tomarán las mismas medidas con los próximos intrusos que se vayan detectando. También informó de que la jueza instructora Mercedes Alaya ha aceptado que la Junta se persone en el caso como acusación. Esta decisión supone un balón de oxígeno para el Gobierno de Griñán, que de esta forma ve compensada su colaboración «proactiva» en la investigación de las irregularidades.

Mar Moreno recordó ayer una vez más que la administración fue la primera en destapar y denunciar las irregularidades y que éstas han sido puestas en conocimiento del juzgado con toda diligencia. La investigación interna en la Consejería de Empleo, aún por concluir, ha detectado hasta ahora 146 irregularidades en 64 ERE, entre ellas las de 59 prejubilados falsos, de los que dos fueron incluidos en el proceso de la industria auxiliar de Delphi. Para el Ejecutivo regional, la jueza ha entendido que la Junta es «la primera perjudicada» por esta trama, ya que estos fueron subvencionados con fondos públicos. Entre 2001 y 2008 dedicó a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis 647 millones de euros, beneficiándose 25.000 trabajadores, 6.000 de los cuales aún perciben pólizas por su retiro laboral.

La Junta no va a esperar a la resolución judicial para reclamar el dinero indebidamente cobrado por los intrusos. Moreno anunció que el Gobierno ha iniciado un procedimiento para paralizar el pago de las prejubilaciones indebidas «y recuperar hasta el último euro» lo más pronto posible, lo que, en su opinión, es un «motivo de tranquilidad» para los andaluces. El procedimiento contará con todas las garantías administrativas y los intrusos podrán alegar contra el reintegro, pero si no pueden demostrar su derecho a la prejubilación, tendrán que devolver todo.

Lo que más llamó la atención fuera postura de Mar Moreno ante la imputación del ex consejero Antonio Fernández. A pesar de manifestar públicamente su deseo de que pueda demostrar su inocencia, dijo que el Gobierno regional no hará ningún posicionamiento hasta que se aclaren los hechos. La siguiente frase de Moreno, reiterada al menos dos veces, es elocuente en este sentido: «La Junta celebrará la inocencia de Fernández o lamentará su culpabilidad, pero va a actuar con exquisito rigor».

La bronca política se recrudece

Desde que se conoció la imputación de Fernández han llovido críticas de todas partes. El PP cree que ha llegado la hora de las dimisiones de Chaves, Griñán y Zarrías. Así se expresó ayer la portavoz de este partido en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien relacionó los ERE con supuesta financiación ilegal del PSOE. Sáenz de Santamaría se hizo eco de una información en 'El Mundo', que revela que un intruso cedió al PSOE de Camas un local de su propiedad para sede del partido valorado en 30.000 euros. En concreto, se refería al ex dirigente socialista de Camas, José Antonio García, esposo de la ex edil de Cultura, Encarnación Díaz. Fuentes del partido explicaron ayer que el matrimonio solo avaló la compra del local, que fue pagado con cuotas de los militantes.

Sin embargo, el PP ha anunciado una querella contra los imputados en los ERE y estudia la posibilidad de incluir este asunto, al entender que pueda ser un indicio de que el dinero malversado de las prejubilaciones pudo servir para financiación ilegal del PSOE, según avanzó el dirigente popular Antonio Sanz.

La cúpula del Partido Socialista cierra filas en torno a los suyos. En distintas ciudades, tanto José Blanco, ministro de Fomento, como Manuel Chaves, vicepresidente tercero, destacaban ayer la «rapidez en la gestión que ha realizado el equipo de Griñán». Ambos garantizaron que «caerán todos los que han estado implicados en esta trama».

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, aseguró, por su parte, que la actitud del Gobierno regional es «limpia y coherente», un mensaje de ánimo que se vio reforzado por el de la ejecutiva federal, con Marcelino Iglesias a la cabeza. Sorprendió también que el máximo líder de UGT, Cándido Méndez, dedicara palabras de apoyo a la gestión de la Junta. Lo hizo durante una visita al CBC del Puerto de Santa María, que el próximo día 31 celebra elecciones sindicales.