Fraude en los ERE

Con una desenvoltura oportunista y una trivialidad muy simple, algunos grupos ecologistas se han lanzado ya por el terreno fácil de la demagogia y piden a los Gobiernos que «miren a Japón y aceleren el cierre de las centrales nucleares». Pero el debate sobre la energía atómica y su porvenir, muy estimulado por los graves problemas conocidos vinculados a la explotación de los hidrocarburos, puede esperar algo más. Por lo menos hasta que Japón, transido por un dolor sin precedentes desde la II Guerra Mundial, levante cabeza. Pero lo hará sin duda alguna. A ello contribuirá la solvencia técnica de sus instalaciones, la solidez antisísmica de sus construcciones, la unión del gobierno con el pueblo en días de gran prueba como los presentes y la reconocida disciplina y sentido del deber de la población. Y más pronto tal vez de lo que la horrible devastación permite suponer hoy. El debate sobre el futuro del Gobierno del primer ministro Naoto Kan, en dificultades antes del desastre, ha sido juiciosamente aplazado porque otras son las prioridades. La tragedia ha añadido al tsunami de Indonesia de 2004 un factor nuclear que le proveé de una gravedad suplementaria. Pero todavía es más que prematuro sacar consecuencia alguna en esa dimensión y lo que se sabe hoy es que de los 55 reactores instalados en el país, seis conocen problemas en diversos grados y los técnicos batallan sin tregua para limitar los riesgos de fusión, además de haber procedido a una gran y exitosa evacuación de la población en las áreas afectadas. El Gobierno ha optado juiciosamente por el combate disciplinado contra la crisis, incluyendo la adopción de medidas contra la entrevista especulación financiera y hoy abrirán los mercados como si nada hubiera pasado mientras se fomenta hasta donde es posible una cierta normalidad en las áreas no afectadas. Es lo correcto frente a agoreros profesionales, especuladores indiferentes ante un desastre humano que va a dejar miles de muertos y a quienes lo aprovechan para ver de obtener réditos políticos a cortísimo plazo. Todo muy triste pero destinado al fracaso frente al gran país que es Japón, sus instituciones y su gente.

El portavoz del PP, González Pons, y el secretario general del partido en Andalucía anunciaron ayer la presentación de una querella contra la Junta de Andalucía por el «monumental» fraude de los ERE y por entender que puede haber delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. La querella se dirigirá contra el exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la consejería de Empleo y contra otros tres altos cargos e intermediarios. Como es conocido, cuando se produjeron aquellas irregularidades, Chaves era presidente de la Junta y Griñán, consejero de Hacienda. No es saludable la judicialización de los antagonismos políticos, ni en este caso ni en ningún otro. Sin embargo, la obstinada negativa del Gobierno socialista de Andalucía a crear una comisión parlamentaria de investigación en la Cámara autonómica justifica plenamente que el principal partido de la oposición recurra a otras vías para lograr el total esclarecimiento del caso. De un caso cuya gravedad se acrecienta a pasos agigantados: en un solo mes, se ha triplicado el número de fraudes detectados en los ERE, que han pasado de 37 a primeros de febrero a los 146 actuales.