«Quise hacer una barbaridad, pero con el menor daño posible»

El juicio por el secuestro en 2008 del empresario de Sanlúcar de Barrameda Rafael Ávila ha comenzado minutos antes de las 11.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz. Poco antes de las 11.00 horas llegaban a la Audiencia los cinco acusados que se encontraban en prisión por el secuestro del empresario. En total son ocho quienes se sientan en el banquillo de los acusados.

Entre ellos se encuentra Luis Miguel Rodríguez Pueyo, considerado el cabecilla de la banda y conocido por su relación con el 'caso Arny', y Raúl Brey, que supuestamente se encargaba de custodiar al secuestrado. Ávila no ha querido contestar a las preguntas del fiscal.

Ya ante el tribunal y a las preguntas de su abogado, Pueyo ha asegurado que fue él quien eligió a Ávila. «Era una presa fácil», ha comentado. Aún así ha negado que fuera él quien ordenara el maltrato que el empresario sanluqueño sufrió. «Las condiciones eran horribles», ha llegado incluso a admitir. «Quise hacer una barbaridad pero causando el menor daño posible».

Pueyo ha reconocido que fue él quien ideó la operación. Lo hizo, según ha dicho, para secuestrar al hijo del Pocero. Al parecer, el constructor no había pagado un crédito. Así el autor principal ha asegurado que cometió "la locura del secuestro" porque sus inversores le amenazaron al descubrir que haía falsificado el aval para El Pocero.

Los ucranianos cobraron 30.000 euros

Además, ha dado más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos. Rodríguez Pueyo ha contado que fue Brey quien le prestó la finca. Incluso ha reconocido que contrató a tres ucranianos para el secuestro. "Profesionales del cobro de morosos". Cada uno de ellos cobró 30.000 euros. "Les pagué de mi bolsillo", ha dicho.

Rodríguez Pueyo también ha hablado de su estancia en la cárcel. Desde allí envió una carta ha Ávila en la que le decía que intentara rehacer su vida.

El de Rafael Ávila fue considerado por la Policía como "el secuestro económico de mayor duración de los investigados en España" y en el que la víctima permanecía "en peores condiciones". El 18 de junio de 2008, tras 16 días de cautiverio, el industrial sanluqueño fue liberado en un chalet de Almonte (Huelva).

La Fiscalía pide 28 años para el supuesto cerebro de la trama, mientras que la acusación particular solicita para él 32 años de cárcel, 26 años para el resto de imputados y cinco para otro más acusado de ser cómplice de los hechos.