El nuevo servicio de autobuses no recortará la plantilla ni sus salarios

Mantendrá la plantilla de unos cincuenta trabajadores, el incremento salarial del 12% logrado en los dos últimos años, así como las mejoras obtenidas por las negociaciones sindicales y las ventajas por antigüedad. El nuevo pliego de condiciones del servicio de transporte público, cuyo contrato con GDF termina el 1 de junio, costará 3,5 millones de euros al año, de los que 2,6 serán con cargo a las arcas municipales y el resto correrán por cuenta de la empresa que se haga con el servicio.

Esta ha sido la fórmula -gestión interesada- adoptada por el Ayuntamiento para captar la atención de los inversores. «Queríamos muchas cosas, pero hemos tenido que hacer un pliego atractivo para que las empresas se presenten». La edil de Medio Ambiente, Blanca Merino, aseguró que en la elaboración del mismo han descartado la idea subir el precio del billete y de reducir la plantilla, que hubiera supuesto un ahorro del 20%. En cambio, se ha optado por una fórmula para aumentar el número de usuarios y con ello, los ingresos y los beneficios para un servicio que, según la oposición, ha generado unas pérdidas de siete millones de euros a las arcas municipales. «Eso que ellos llaman déficit, nosotros llamamos inversión para sostener el servicio».

Merino explicó que, entre otras condiciones, la empresa concesionaria tendrá que aportar seis nuevos vehículos adaptados a la normativa europea de accesibilidad para discapacitados y realizar obras de mejora en diez paradas, así como la creación de una página web con información o la obtención de cuatro certificados de calidad, entre otras cuestiones.

La concejala popular defendió que sí han contado con la opinión de los trabajadores y los vecinos para elaborar el pliego. «Algunas propuestas se han incorporado, y otras no». Como la de introducir el billete de transbordo. «Es técnicamente imposible y se hará cuando se instale el transbordador en la plaza de toros». Tampoco han recogido el deseo de los empleados de obligar a la empresa a negociar un convenio colectivo propio, al margen del provincial. Merino argumentó que un Ayuntamiento no puede introducir una cláusula que obligue a una empresa a eso. El pliego recibió el rechazo de todos los grupos de la oposición en el pleno.