Reformas a prueba

La convalidación parlamentaria del decreto por el que se reestructurarán las entidades financieras españolas y la identificación por parte del Banco de España de las cajas y bancos que precisarán 15.152 millones de euros de capital adicional fueron precedidas ayer por el anuncio de que Moody's rebajaba la calificación de solvencia de nuestro país. Entre otras razones porque su estimación sobre las necesidades del sistema financiero se sitúa muy por encima de la cifra indicada por el Banco de España. La vicepresidenta Salgado esgrimió ayer un argumento formalmente irrebatible cuando adujo que quien considere que el sistema financiero español requiere una mayor inyección de capital que la prevista por el Gobierno deberá precisar qué entidades son las necesitadas. Pero es indudable que la rebaja de nota de Moody's extiende una sombra de duda sobre la solvencia de las cajas y bancos identificados por la institución que dirige Fernández Ordóñez y sobre la del resto de entidades. La diferencia de apreciación respecto a la salud de nuestros bancos y cajas es tan abultada que requeriría una inmediata confrontación de los análisis. Formalmente la carga de la prueba recaería sobre la agencia de calificación, pero realmente son las instituciones públicas y las entidades financieras españolas las que han de asegurar ante los mercados la confianza que merece nuestra economía. Las sombras proyectadas por Moody's dejaron ayer en segundo plano la aprobación por el Congreso del decreto sobre cajas. La exigua mayoría con la que contó el Gobierno, que solventó el trámite gracias al apoyo de CiU y de CC, debilita su posición incrementando los riesgos de que la iniciativa legislativa sea puesta en cuestión. La abstención del PP solo puede entenderse como expresión de su estrategia política, puesto que resulta imposible denostar la reforma como excesivamente intervencionista y, al mismo tiempo, juzgarla insuficiente para que España recupere su crédito. Pero es al Gobierno de Rodríguez Zapatero a quien corresponde contribuir a la atracción del capital que las entidades financieras precisen, urgiendo a que éstas lo pongan a disposición de las empresas y las familias. Las dos condiciones que requerirá la medida adoptada para considerarla acertada.