La investigación se centra en los dos millones en ayudas al empleo que recibió Qualytel
La empresa de telemarketing es la única en la provincia que podría terminar en los tribunales por incurrir en un delito
CÁDIZ.Actualizado:El caso del fraude a las ayudas europeas para el empleo que gestiona la Junta empieza a arrojar evidencias en la provincia. La investigación que lleva a cabo la Guardia Civil en colaboración con la Fiscalía de Cádiz ha destapado ya irregularidades en 800 solicitudes, de las que algo más de 500 procedieron de empresas de la Bahía y Jerez, según apuntan fuentes cercanas al caso.
Todas ellas hicieron nuevos contratos indefinidos o convirtieron en fijos a trabajadores temporales para acceder a estas bonificaciones. El engaño estuvo en que no mantuvieron los empleos durante un mínimo de cuatro años como exigían estas líneas de subvención y en muchos casos terminaron por hacer despidos nada más cobrar los fondos.
El fraude asciende ya a varios millones de euros en la provincia, de los que en torno a dos fueron supuestamente concedidos a la empresa de telemarketing Qualytel, indican las fuentes consultadas. Ésta sería la única beneficiaria de las ayudas en Cádiz que podría terminar en los tribunales por incurrir en un delito penal, dado el volumen de capital presuntamente defraudado.
Tal es así, que al principio de la investigación se produjo la detención de uno de los responsable de la empresa de telemarketing, que fue puesto inmediatamente en libertad sin que resultara imputado. Fue entonces cuando la Fiscalía puso el presunto fraude en manos del juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, que desde febrero del año pasado trabaja en el caso.
Fuentes judiciales explican que Qualytel tuvo que presentar toda la documentación de las contrataciones por las que recibió subvención y que el juez remitió a la Delegación provincial de Empleo, encargada también de velar por el buen uso de las ayudas, para que la verificara. Durante un año la Junta ha trabajado en este expediente. Una vez estudiado y cruzado los datos con la Tesorería de la Seguridad Social, ha elaborado un informe que acaba de remitir a la Fiscalía. Y será ahora cuando se determine si finalmente la empresa ha podido cometer un delito.
Solo una casualidad
El caso del fraude a las ayudas al empleo coincidió en la Fiscalía con el desmantelamiento del Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT) que expedía diplomas falsos de cursos profesionales, pero no existe una relación directa entre ambos. Así lo han aclarado fuentes judiciales, que insisten en que lo único que tienen en común es que ambos fueron investigados por la Guardia Civil de Cádiz y remitidos al Ministerio Público.
La primera fase de la investigación está prácticamente concluida en la provincia y ahora se sigue el mismo procedimiento en el resto de Andalucía junto con la Fiscalía del TJSA. Dado el enorme número de empresas que se han visto salpicadas, las autoridades investigan también si se ha producido una posible dejadez de funciones por parte de la administración y si existe un presunto intermediario que pusiera en contacto a las empresas y al departamento que gestiona estos fondos. De momento no se han detectado evidencias de ello, pero las fuentes insisten en que «a la operación le queda mucho por delante».