Las empresas infractoras cobraron 27 millones en toda Andalucía

La Guardia Civil ha elaborado un informe en el que indica que el presunto fraude en ayudas al empleo asciende a 26, 7 millones de euros y afecta a 7.100 empresas, según los datos a los que ha tenido acceso ABC. El reparto de fondos analizado por los agentes benefició a entre quince y veinte mil sociedades, aunque son 7.100 las que habrían cometido irregularidades.

Según los investigadores, en muchos casos el volumen de fraude no alcanzaría la cantidad necesaria para que el hecho sea considerado delito, por lo que se trataría de una infracción administrativa. Los límites para que estemos ante una irregularidad o ante un delito es que el fraude no supere los 120.000 euros, en el caso de que sea una ayuda europea directa, y de 90.000 si es una bonificación de la Junta.

No obstante, se están haciendo gestiones porque aunque algunas empresas no hayan incurrido en un ilícito penal por la cuantía, sí podrían haber cometido un delito de falsedad documental (a la hora de tramitar esas ayudas por ejemplo). En el caso de las infracciones administrativas, lo investigará la Inspección de Trabajo de la comunidad con la supervisión del Tribunal de Cuentas de Andalucía; mientras que en el caso de los delitos, son las Fiscalías provinciales las que se harán cargo.