La Junta de Andalucía halla 146 irregularidades en los ERE

La Junta de Andalucía sigue sumando falsos prejubilados en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sufragados con dinero público. La investigación interna, que está casi terminada, arroja ya un saldo de 146 irregularidades, el 2,7% de los más de 5.000 expedientes individuales analizados.

Se trataría de personas ajenas a las empresas y, sobre todo, vinculadas a la empresa aunque sin derecho a ser incluido en el ERE, según explicó ayer el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien no descarta que surja algún caso más en los 290 casos de cuatro empresas que quedan por revisar.

Recio dio a conocer los últimos datos de la investigación ante la comisión parlamentaria de Empleo, una comparecencia más concurrida que nunca, y desveló que hay anomalías en 32 de los 64 que realizó la Junta. Según los datos del Ejecutivo andaluz, se han revisado ya 5.273 de las 5.563 pólizas por prejubilación, el 95% del total. De ellas, 5.127 no presentan problema alguno, mientras que hay 59 casos, el 1,12%, de personas que son intrusas o ajenas a la empresa.

Además, se presentan otros 87 casos de «discrepancia administrativa», ya que los que los funcionarios que han realizado la investigación tienen dudas porque se trata de trabajadores que sí han tenido vinculación laboral con la empresa, por ejemplo, a través de una empresa asociada, pero no está tan claro que tuvieran derecho a percibir la ayuda. Estos casos también han sido remitidos a la justicia.

Durante su comparecencia, el responsable de Empleo defendió tanto la labor de sus antecesores, José Antonio Viera y Antonio Fernández, que «hicieron lo mejor que sabían hacer en unas determinadas circunstancias», como las políticas sociolaborales de la Junta como apoyo a «trabajadores y empresas en crisis».

Contradictorio

El consejero centró parte de su intervención en explicar el procedimiento para la concesión de las ayudas a los expedientes de regulación de empleo. Recio consideró que el Informe de Intervención General de la Junta -que ya en 2005 lo consideraba inadecuado- era «contradictorio» y no alertaba de que el método cuestionado fuese «irregular o ilícito». No obstante, anunció que de forma inminente se cambiará la normativa para la concesión de las ayudas para «facilitar la reestructuración de empresas con dificultades económicas transitorias» y bajo los principios de «publicidad, transparencia, concurrencia no competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación». Se utilizará como marco jurídico el impulsado por Griñán cuando fue ministro de Trabajo. Esta decisión provocó que subiese el tono de la comparecencia, ya que desde el PP-A les han acusado de cambiar el procedimiento «porque les hemos pillado con las manos en la masa».

Recio rechazó las acusaciones contra Griñán y contraatacó con el «peculiar» sentido de la presunción de inocencia de los populares. «Alguien es inocente hasta que se demuestra que es del PSOE», ironizó para a continuación acusar al PP de, «en lugar de perseguir la verdad, perseguir socialistas al estilo de la Inquisición».

Las críticas también llegaron desde desde IU-CA. Los representantes de la coalición de izquierdas reprocharon a la Junta de usar a la dirección general de Trabajo «como cortafuego» para evitar que las responsabilidades políticas llegue a los consejeros que nombraron y mantuvieron en ese cargo a Francisco Javier Guerrero, principal imputado de momento por la jueza en la investigación.