Un grupo de abogados impugna la norma que multa a las prostitutas

La sociedad andaluza de juristas y abogados Grupo 17 de Marzo ha augurado «conflictividad social» por la aplicación de la Ordenanza Municipal de Convivencia, que entre otras prohibiciones y sanciones, establece multas para los mendigos y para las prostitutas y sus clientes que practiquen relaciones sexuales en la vía pública. El grupo de juristas ha presentado sus alegaciones al documento, que se encuentra en su fase de tramitación, por «posibles vulneraciones de derechos fundamentales».

Desde el Grupo 17 de Marzo se señala que la ordenanza es «contraria a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad». El proceso de elaboración de la ordenanza ha tenido, en su opinión, «importantes déficits democráticos» ya que, por ejemplo, «no se ha contado con los colectivos afectados, entre ellos, las prostitutas». Expone que la referida normativa «puede vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión». También añade que «se criminaliza a los colectivos más débiles de la ciudad: prostitutas, mendigos, gente sin hogar, inmigrantes, etcétera». Concretamente para las meretrices y sus clientes que sean sorprendidos se recogen sanciones de hasta 3.000 euros.

Por ello, considera que la ordenanza «excede de las competencias municipales y que no está amparada en ninguna ley estatal o autonómica». Se trata, a su juicio, de «un nuevo modelo de control de la ciudad basado en la tolerancia cero que criminaliza a las marginalidades, oposiciones o disidencias político-culturales, inherentes a la conflictividad urbana». La nueva normativa no solo ha causado el rechazo de este colectivo, sino también del Foro Social Portuense, que aglutina a una veintena de asociaciones. El Foro ha presentado una enmienda a la totalidad por motivos similares a los del Grupo 17 de Marzo.

La ordenanza, aprobada de forma inicial en diciembre, establece como objetivo principal el de «preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida».