El Congreso refrenda las nuevas exigencias de capital con la abstención de PP y PNV

El Congreso dio luz verde al decreto ley que eleva las exigencias de capital de las entidades de crédito. El Gobierno contó con el apoyo de los grupos nacionalistas catalán y canario, pero no captó la voluntad de los populares ni del grupo vasco. Es la primera reforma del sistema financiero de la que se distancia el PP, porque tanto la constitución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como el cambio en la regulación de las cajas de ahorro contaron con su apoyo.

El texto fue ratificado con los 177 votos a favor del PSOE, Convergencia i Unió y Coalición Canaria. Se pronunciaron en contra UPyD, ERC-IU-ICV y BNG (8 votos), y se abstuvieron PP y PNV (157 votos). En la orientación del voto de CiU influyeron algunos cambios introducidos en la redacción final del decreto, que abren camino a un 'rescate' -durante los dos primeros años- de la participación adquirida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a cambio de su aportación de recursos. Su portavoz, Josep Sanchez Llibre, aseguró que el modelo de cajas de ahorro queda preservado, incluso si se decantan por fórmulas jurídicas diferentes.

El representante del PP, Cristóbal Montoro, justificó la abstención en que esta nueva reforma «llega tarde y mal» y por considerar que ya existían «instrumentos legales suficientes» para llevar adelante el saneamiento del sector financiero sin recurrir a un decreto-ley que, por añadidura, no admite enmiendas ni por tanto modificaciones. El Gobierno mantuvo hasta el último momento negociaciones con los grupos de oposición, y en particular con los populares, pero el entendimiento no cuajó. Según algunas fuentes, la situación de algunos grupos de cajas de ahorros de comunidades gobernadas por el PP habría influido hasta el punto de dificultar el acuerdo.

El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, alegó cuestiones competenciales para no votar a favor de un decreto que abre camino a la bancarización de las cajas de ahorro. Echó de menos un discurso firme del Gobierno en defensa de la naturaleza y las actividades propias de las cajas, con la puesta en valor de cuanto tienen de positivo. Y denunció discriminación por el hecho de que la fiscalidad aplicada a los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) no se haya extendido a la operación de compra de activos de Caja Sur por parte de la BBK.