La Junta detecta 164 irregularidades en los ERE, entre ellas 59 intrusos

La comparecencia a petición propia del consejero de Empleo en comisión parlamentaria supuso ayer una nueva entrega de datos del fraude de los ERE como si se tratara de un serial. Manuel Recio comparecía para contestar a la oposición sobre la investigación interna que sigue la Consejería. Ante una inusual expectación mediática en este tipo de comisiones, Recio ofreció la tercera tanda de datos sobre los ERE fraudulentos. Empleo ya ha comprobado las pólizas de 5.263 trabajadores de los 5.563 de 64 empresas que están percibiendo prejubilaciones (el 95%). Quedan 290 por revisar de cuatro empresas.

Recio anunció que se han detectado irregularidades en 32 de los 64 ERE inspeccionados. En concreto en las pólizas de 164 trabajadores. 59 de estas prejubilaciones son de personas ajenas a las empresas, los llamados intrusos. En otros 87 casos se han hallado «discrepancias» de algún tipo de vínculo laboral. El consejero explicó a los periodistas que la mayoría son de personas pertenecientes a un grupo empresarial colocadas en el ERE de una empresa de la compañía distinta de la que habían trabajado. Todas las irregularidades serán llevadas al juzgado y será la juez la que dilucide si hay delito o el grado de infracción administrativa si la hubiera.

En su comparecencia, Recio subrayó la «complejidad» del trabajo llevado a cabo por su departamento. Veinte funcionarios divididos en diez grupos han estado dedicados la jornada completa a esta tarea. El consejero destacó que el porcentaje de irregularidades es mínimo -1,12% de intrusos- en el cómputo general de las ayudas con cargo a la partida de Empleo para empresas en crisis y prejubilaciones. En la década que se investiga (2001-2010) esa partida ha sumado más de 700 millones de euros.

Recio hizo hincapié en poner de relieve que el Gobierno «da la cara» y «ofrece respuestas». También defendió el procedimiento empleado en la financiación de los expedientes, a través de la transferencia de financiación de explotación. «El IFA, y después IDEA, estaban autorizados por ley para recibirlas», manifestó. Pese a ello, Recio confirmó la aprobación de un nuevo procedimiento en breve que será reglado en función a los principios de «publicidad, transparencia, concurrencia no competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación». Recio no abundó en detalles, pero con toda probabilidad en el futuro los ERE y sus beneficiarios serán publicados en el BOJA.

Con ello la Junta pretende acabar con las críticas de opacidad en la concesión de las ayudas a ERE, ya que nunca aparecen en el BOJA ni son aprobadas por el Consejo de Gobierno. La Intervención General de Hacienda ya advirtió de anomalías a través de varios informes de 2005, 2006 y 2007, informes en los que el PP se basa para pedir responsabilidades políticas a Griñán, consejero de Hacienda entonces.