Justo reproche

El barómetro del CIS correspondiente a febrero ofrece una imagen elocuente de la percepción que la ciudadanía tiene de la Justicia con mayúscula y de su administración, mostrando sensaciones de indefensión, actitudes de prevención y una abierta crítica dirigida tanto al sistema en su conjunto como a sus protagonistas. La encuesta es más el reflejo de un estado de opinión generalizado a raíz de las fallas, tensiones y actuaciones incomprensibles que han trascendido públicamente en la trayectoria de las distintas instancias sometidas al escrutinio que fruto de la experiencia directa de los propios encuestados. Sin embargo resulta significativa la mala impresión que extraen de la administración de justicia aquellos que se han relacionado con ella. Es cierto que los ciudadanos sitúan el problema de la administración de justicia entre los que menor preocupación les suscita, con un 2,5 frente al 83,9 que conceden al paro, el 51,6 a la economía, el 17,8 a la clase política o el 12,6 a la inmigración. Pero es sumamente preocupante que los españoles se sientan 'poco' o 'nada' iguales ante la Ley en un 68,8%, que el 82,6% considere que las leyes «favorecen más a unos que a otros», y que la ciudadanía identifique como favorecidos a los ricos en un 48,6%, a los políticos en un 26% y hasta a los inmigrantes en un 12,7%. La encuesta del CIS permite destacar la profunda desconfianza que mantiene la sociedad española respecto al ejercicio efectivo de la Justicia. Desconfianza que se refleja también en el hecho de que solo el 21,7% de los entrevistados optaría por pleitear judicialmente si se viese envuelto en algún conflicto. El dato de que el 51,8% considera que la administración de justicia continúa igual que antes y que el 24% opine que peor demuestra que los esfuerzos realizados para dotar a este servicio público esencial de más jueces, personal y medios no han surtido el efecto deseado frente a las malas noticias que ha proyectado respecto a su solvencia y cohesión. El sondeo demuestra que los españoles reclaman más rapidez a la Justicia -77,4%- que garantías. Pero el cuadro general que ofrece el CIS exige sobre todo que la Justicia comience a administrarse a sí misma en cuanto a su propio gobierno y a la actuación en los ámbitos jurisdiccionales más relevantes. Porque ninguna mejora material podrá resolver el grave problema que la encuesta refleja de desapego y prevención ciudadana respecto a uno de los poderes y servicios fundamentales de la democracia.