Abogados interponen alegaciones a la ordenanza cívica por «vulneración de derechos fundamentales»
La Sociedad Andaluza de Juristas y Abogados 'Grupo 17 de Marzo' afirma que la norma criminaliza a colectivos desfavorecidos como prostitutas, inmigrantes o mendigos
Actualizado:La Sociedad Andaluza de Juristas y Abogados 'Grupo 17 de Marzo' ha augurado «conflictividad social» por la aplicación de la Ordenanza Municipal de Medidas para fomentar y garantizar la Convivencia Ciudadana en el espacio público de El Puerto, señalando que ha interpuesto alegaciones ante el alcalde de la localidad, Enrique Moresco (PP), por «posibles vulneraciones de derechos fundamentales».
En un comunicado, el 'Grupo 17 de Marzo' señala que la ordenanza es «contraria a la Carta Europea de Salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad». El proceso de elaboración de la ordenanza ha tenido, en su opinión, «importantes déficits democráticos» ya que, por ejemplo, «no se ha contado con los colectivos afectados, entre ellos las prostitutas».
Expone que la referida normativa «puede vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión». También añade que «se criminaliza a los colectivos más débiles de la ciudad: prostitutas, mendigos, gente sin hogar, inmigrantes, etcétera».
Por ello, considera que la ordenanza «excede de las competencias municipales y que no está amparada en ninguna ley estatal o autonómica». Se trata, a su juicio, de «un nuevo modelo de control de la ciudad basada en la tolerancia cero que criminaliza a las marginalidades, oposiciones o disidencias político-culturales, inherentes a la conflictividad urbana».
La ordenanza en cuestión se encuentra en fase de tramitación, después de que el pasado mes de diciembre viese la luz su fase inicial. La misma, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece como objetivo principal el de «preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes en El Puerto de Santa María».
El texto hace referencia a cuestiones que van desde la mendicidad y la prostitución en la calle al botellón o los juegos de pelota, contemplando multas que pueden alcanzar un máximo de 60.000 euros en los casos más graves.