Chirac evita el banquillo

Jacques Chirac no se sentó ayer en el banquillo de los acusados. Tampoco lo hará hoy. Y es posible que nunca lo haga. La jornada inaugural del primer juicio a un expresidente francés hizo 'pschitt', una expresión marca de la casa. Con esa onomatopeya de un globo al desinflarse se refirió en su día el mandatario conservador a las acusaciones por corrupción de las que le blindaba la inmunidad presidencial durante su estancia en el Elíseo (1995-2002). Ahora, a los 78 años, crepuscular y achacoso, la historia parece darle la razón.

La culpa del pinchazo la tiene la cuestión prioritaria de constitucionalidad. Se trata de una innovación legal que, desde marzo de 2010, permite a todo justiciable plantear al tribunal que lo va a juzgar que el caso no se ajusta a la Carta Magna. Si es seria, novedosa y aplicable al litigio, la cuestión es transmitida al Supremo y luego al Constitucional para que se pronuncien con el consiguiente riesgo de nulidad o, como poco, de demora.

En el caso Chirac, la cuestión fue planteada ayer al Tribunal Correccional de París, que anunció su decisión para hoy y suspendió una primera audiencia a la que había dispensado de asistir al principal acusado porque iba a estar reservada a cuestiones de procedimiento. La formuló Jean-Yves Le Borgne, vice-decano del Colegio de Abogados de París y defensor de uno de los nueve coimputados del expresidente francés. Si es aceptada, el proceso será aplazado 'sine die' y, en caso contrario, la jornada será dedicada a tecnicismos por lo que Chirac tampoco acudirá.

Lo que se ventila es determinar si los hechos están precritos o no. Datan de octubre de 1992 a mayo de 1995 cuando Chirac era alcalde de París (1977-1995) y presidente del RPR neogaullista (1976-1994). Se le reprocha haber financiado a cuenta de las arcas municipales los contratos laborales de una treintena de personas que nunca trabajaron para el Ayuntamiento. Lo hicieron, eso sí, para el partido del alcalde, como liberados, colaboradores o propagandistas en una combinación de financiación oculta y clientelismo político.

El fiscal-jefe de París, Jean Claude Marin, defendió que la cuestión de constitucionalidad debe ser transmitida al Tribunal Supremo y, por tanto, el juicio suspendido. También explicó su posición favorable al sobreseimiento puro y simple del caso porque «un análisis detallado no ha aportado la prueba».

También el Ayuntamiento de París ha desistido tras llegar a un acuerdo con el actual alcalde, el socialista Bertrand Delanoë. La UMP de Nicolas Sarkozy, formación heredera del RPR, y Chirac se han comprometido a reembolsar a las arcas municipales 2,2 millones de euros, el importe del perjuicio evaludado en el auto de procesamiento.

La única acusación es particular y está representada por una asociación de contribuyentes. Uno de sus abogados denunció una «maniobra dilatoria» y un «montaje» por parte de la defensa. «Esta cuestión de constitucionalidad se tendría que haber planteado mucho antes, en octubre cuando fue señalada la vista oral», protestó.