Las obras se reanudan en Las Aletas tras año y medio de parón por la sentencia del Supremo

Las máquinas vuelven a Las Aletas año y medio después de que el Tribunal Supermo ordenara la paralización de las obras por un recurso de la organización ecologista Adena. Los 16 meses de parón han servido al Consorcio de Las Alteas para redefinir su estrategia, enmendar errores y presentar un nuevo plan urbanístico capaz de sacar adelante el proyecto para la construcción del tercer parque logístico y empresarial de Andalucía. Las obras han comenzado por las 121 hectáreas, de las 527 de la finca que son propiedad de la Junta. Se trata de los terrenos más próximos a la autovía entre El Puerto y San Fernando y muy cerca de la línea de tren que cubre el servicio entre Sevilla y Cádiz.

Las primeras actuaciones que se llevan a cabo ahora sobre los terrenos son de carácter medioambiental. Es decir, el Consorcio invertirá en los próximos ocho meses unos tres millones de euros para limpiar de matorrales, fangos y colocar conducciones en el suelo afectado por esta primera fase de construcción. La reanudación de las obras se produce un mes después de que el Consejo Rector de Las Aletas, con su presidenta al frente, Juana Lázaro, anunciara en Cádiz el impulso definitivo del proyecto tras más de un año de trámites administrativos. Lázaro avanzó que las recomendaciones realizadas por la auditora Tragsa, empresa del Ministerio de Medio Ambiente encargada de la restructuración del plan urbanístico de Las Aletas, incluían la ampliación de la zona protegida de 120 a 140 hectáreas. Así, el nuevo mapa de las Aletas quedaba de la siguiente forma: 140 hectáreas son intocables. Forman parte del dominio público marítimo terrestre y están reservadas al desarrollo ambiental. Esta extensión de terreno es de titularidad estatal igual que las 263 que se restringen para la investigación. En estas últimas solo se podrán ubicar empresas relacionadas con la acuicultura, la agricultura y las energías renovables. Está prevista, además, la implantación de una plataforma logística para el transporte, que sirva de almacén de contenedores. Cabe recordar que estas dos áreas de terreno, que suman 403 hectáreas, son las afectadas por la sentencia del Supremo, lo que ha obligado a modificar su composición para cumplir con el fallo judicial. En cuanto a las 121 hectáreas restantes, propiedad de la Junta de Andalucía, concentrarán la actividad netamente industrial. Este espacio se reserva para la implantación de infraestructuras, áreas comerciales e industrias. La presidenta del Consorcio, Juana Lázaro, destaca que la extensión del parque, pese a las modificaciones introducidas en su ordenación urbanística, permanece inalterable.

Esta nueva distribución del parque industrial cumple con las directrices de Tribunal Supremo y, además, garantiza su viabilidad desde el punto de vista medioambiental. El Consorcio prevé que para el último trimestre de este año se eleve al Consejo de Ministros la reserva del dominio.

Construcción de taludes

Las primeras actuaciones que se han puesto en marcha hoy afectan a la extensión ocupada por la Junta. En esta zona se llevará cabo una limpieza manual de residuos, posteriormente se procederá a la retirada de escombros y se completará con la construcción de una mota o talud para preservar la zona de marisma. Otra de las actuaciones previstas en esta primera fase es la recuperación del antiguo Molino de Goyena. Estos trabajos suponen una inversión de casi tres millones de euros. La reanudación de los trabajos se ha llevado a cabo gracias a la firma de cuatro convenios con la Dirección General de Costas y la Universidad de Cádiz, para actuar en la recuperación de las 121 hectáreas, más próximas a la autovía A-4.

La presidenta del Consorcio adelantó en su día que las obras previstas incluyen también la reconstrucción hidrológica de la zona, asi como la puesta en marcha de un centro de visitantes para actividades formativas. Lázaro comentó que ahora toca definir cómo se encajan los usos industriales en este espacio. Es decir, el reparto al detalle de las parcelas.

Los agentes sociales de la provincia han respaldado la gestión llevada a cabo por el Consorcio de Las Aletas. En la última reunión del Consejo Rector celebrada el pasado 4 de febrero, los empresarios y los sindicatos, reclamaron más celeridad en los trámites para evitar nuevos parones en un proyecto que prevé la creación de unos 20.000 puestos de trabajo en la Bahía.

Tanto los gestores de las Aletas como los agentes sociales de la provincia han destacado que la finca donde se ha prevé levantar el complejo es la más idónea de la provincia debido a su posición estratégica en la Bahía. Esta defensa a ultranza del terreno responde a los intentos del alcalde de El Puerto, el popular Enrique Moresco, de trasladar el proyecto a Doña Blanca ante los continuos problemas que está sorteando Las Alteas desde hace una década. Aclaró que el entorno de Las Aletas es el único espacio de la provincia que reúne todas las condiciones para ubicar un parque tecnológico de estas características. Se encuentra cerca del aeropuerto de Jerez, flanqueado por dos autovías, junto a una línea de tren y a tiro de piedra del muelle de La Cabezuela.

Este planteamiento se encuentra ahora perfectamente justificado y avalado en el informe urbanístico de Tragsa y en la documentación que se aportará para hacer la reserva del dominio público marítimo terrestre, que se elevará al Consejo de Ministros. El Consorcio sigue trabajando para una nueva reserva del dominio público marítimo terrestre que afecta a las 403 hectáreas del Estado. Está previsto que a final de año, el Gobierno autorice las actuaciones comprometidas en esta zona tan sensible, pero adaptada a las directrices marcadas por el Tribunal Supremo.