CÁDIZ, PATRIA CHICA DE LA CORRUPCIÓN

Juan Carlos Juárez, quien fuera alcalde de La Línea en las filas del GIL y del PP, se sienta en el banquillo de los acusados inculpado ahora por un pufo de contrataciones irregulares, a partir de la red clientelar que había tejido en su municipio y a cuyos habitantes no pareció importarle siempre y cuando diera la pinta de que generaba empleo y riqueza para la población, cuando justamente estaba provocando lo contrario, precariedad para su gente y un patrimonio público malbaratado. Un caso similar al de El Puerto, con el ex concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, en un serio entredicho tras su detención en compaña de algunos de los actuales responsables de la oficina de urbanismo: un caso que no sólo puede salpicar a los antiguos Independientes Portuenses de Hernán Díaz sino al actual equipo de Gobierno, en vísperas de las elecciones locales.

Sin embargo, el escándalo que más ríos de tinta está derramando durante los últimos días concierne a la investigación sobre distintas empresas que han usado irregularmente fondos de la UE. Mientras la derecha, en plena caza de brujas de todo aquello que pueda suponer descrédito del PSOE, apunta hacia la Junta, ya herida en su línea de flotación por el escándalo de los Eres y que ahora rechaza de plano su incumbencia en un asunto que concierne estrictamente a las empresas que han defraudado al erario público y al Gobierno central, que tendría que haber fiscalizado de forma más eficaz dichas ayudas.

Los voceros autorizados del gobierno autonómico insisten en asegurar, a este propósito de que el supuesto fraude en la gestión de fondos europeos no tiene nada que ver con los ERES ni con las ayudas a empresas en crisis. «Vincular un tema con otro es intencionado e interesado, además de falso», pregonan los portavoces autonómicos.

Las ayudas aludidas son del Ministerio de Trabajo, gestionadas a nivel estatal, en tanto que la Junta sólo colabora en su gestión y control. Tanto el consejero Recio como otros responsables andaluces insisten en que el fraude concierne a aquellos empresarios que recibieron los incentivos y luego deciden disolver sus empresas sin devolver las cantidades. Es lo que se está investigando. Si la investigación del TSJA detecta cualquier indicio de anormalidad, desde la Junta se pedirá inmediatamente la restitución de las cantidades.

No se trata de fondos presupuestados por la Junta, insisten los responsables del ejecutivo que titula José Antonio Griñán. La Junta se encarga de cumplir con su papel en la gestión y de participar en los controles pactados junto a la Seguridad Social, a fin de proceder a la detección de irregularidades y, en caso de ser halladas, para el reintegro de las mismas.

Pero el PP ha mordido carne y está dispuesto a llegar al hueso. Sus ideólogos saben perfectamente que el albur de la corrupción es lo que puede alejar a los votantes socialistas de las urnas. Al contrario de los electores valencianos de Camps, aquel sector de la población que apuesta por el PSOE le exige un plus de calidad democrática que excluye cualquier indicio de corrupción. Y si en 1996 aquello sirvió para que los conservadores depusieran al felipismo, ahora puede ocurrir tres cuartos de lo propio. De ahí que esté cayendo en saco roto la versión de la Junta, en tanto en cuanto la atribución de fraude generalizado por las ayudas de la UE sería pretenciosa, exagerada y prejuiciosa cuando apenas se conoce el alcance y los supuestos de la investigación. Se trataría, desde su punto de vista, de una investigación de la guardia civil impulsada por el TSJA tras recibir determinadas denuncias en relación con el incumplimiento de empresarios tras recibir incentivos a la contratación.

Cada vez, eso sí, se van conociendo nuevos datos. Por ejemplo, la investigación judicial en marcha sobre un supuesto fraude de la empresas Qualytel, que presta servicios de asistencia telefónica al Gobierno, la Junta, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Madrid y el Tribunal Supremo, que también atiende el número 016 (contra el maltrato) en toda España, así como el 112 (de emergencias) en Catalunya y Andalucía. La Fiscalía de Cádiz la ha llevado hasta el juzgado por defraudar 318.000 euros de ayudas públicas al fomento del empleo, procedentes de la Unión Europea, y que, como en otros casos de esta misma investigación, se basaba en la percepción de ayudas comunitarias por contratar a trabajadores que eran despedidos luego. Pero las investigaciones se ciernen sobre muchas otras compañías radicadas en la provincia de Cádiz, aunque, sin embargo, «la mayoría de los fraudes no tienen trascendencia penal, son faltas administrativas», a juicio del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón.

Pero si a todo ello se une que hace meses se investigó al Sindicato Independiente de Trabajadores en Cádiz por emitir títulos de formación a cambio de dinero, sin que los beneficiarios acudieran a los cursos pertinentes, Cádiz empieza a configurarse como una formidable patria chica de la corrupción. Precisamente en un asunto tan delicado como el empleo, en una circunscripción plusmarquista en cifras de paro. Si al menos en este último caso, la Junta carece de responsabilidad directa, ¿podremos decir lo mismo de sus servicios de inspección? Los gaditanos somos la factoría de un estereotipo cuya caricatura está perjudicando seriamente a nuestra provincia y al resto de Andalucía. Aunque los chorizos terminen, así ha ocurrido a veces en el pasado, saliendo de rositas. Y sólo los inocentes, el resto de la población en general, haya terminado pagando en su propia imagen el pato de los mangantes.