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El asunto ha provocado polémica en los últimos años. :: M. A.
Ciudadanos

El pleno pide a la Junta la legalización del Pinar de Coig

Ecologistas critica que a falta de una semana para el juicio por esta urbanización, el Ayuntamiento apoye un presunto delito

LOLA RODRÍGUEZ elpuerto@lavozdigital.es
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El Ayuntamiento pedirá a la Junta de Andalucía que modifique la delimitación del sistema general de espacios libres del Pinar de Coig para legalizar un núcleo de viviendas asentadas en este pinar protegido. A falta de una semana para que se celebre el juicio por la urbanización de este enclave, en el que comparecerá el ex edil de Urbanismo que recientemente ha sido imputado por otra causa, Juan Carlos Rodríguez, el pleno municipal apoyó esta propuesta .

Un hecho que fue calificado de «escándalo» por parte de Ecologistas en Acción, la organización que denunció ante la Fiscalía el caso de Pinar de Coig y otras urbanizaciones irregulares en suelo no autorizado como el Pinar del Obispo o El Barranco. La propuesta, que fue presentada ante el último pleno ordinario en el apartado de urgencias, recibió el apoyo del equipo de gobierno, Partido Popular y Partido Andalucista, y de los miembros de la oposición, PSOE e Independientes Portuenses, a excepción de Izquierda Unida, que se abstuvo. Su portavoz, Pepa Conde, expuso que no van a votar en contra de que el ayuntamiento solicite algo a la Junta, pero que la postura de IU es la eliminación de estas construcciones y su compensación a los propietarios.

«Es inconcebible que tras años de polémica y habiendo quedado totalmente claro que estas viviendas son ilegales e ilegalizables, PSOE, IP, PP y PA se pongan de acuerdo para pedir la legalización de esta urbanización ilegal». El portavoz de Ecologistas, Juan Clavero, recordó que este caso fue denunciado hace seis años y que fue «el primero de los múltiples casos de especulación y corrupción urbanística destapados por el colectivo».

«Todo un símbolo, que a diez días del juicio contra los responsables, -acusados de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio-, ha sido respaldado por estos partidos políticos, que se decantan por apoyar a los que han permitido y fomentado estas ilegalidades, y no a los que las denunciaron». Clavero añadió que es «imposible» legalizar en un parque público.