Libertad bajo fianza de 30.000 euros para Fornell, Rodríguez y Trigo

El juez de instrucción número 3 de El Puerto dictó en la noche de ayer libertad bajo fianza de 30.000 euros para el jefe de disciplina urbanística del Ayuntamiento de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell, su pareja la arquitecta Milagros Trigo y el exconcejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez: tres de los cinco imputados en la última operación policial contra la corrupción inmobiliaria en el Ayuntamiento portuense, que ayer permanecían detenidos, después de que el jueves quedó en libertad bajo fianza de 3.000 euros Isabel Ruiz, compañera de Milagros Trigo en el estudio de arquitectura TEC.

Los cuatro fueron detenidos el pasado miércoles, en la explotación de esta investigación en la que también ha sido imputada Josefa Lojo, pareja de Juan Carlos Rodríguez y dueña de una tienda de moda en la ciudad portuense. Aunque ella no ha estado detenida y aún no ha declarado ante el juez, ha permanecido los últimos dos días al pie de juzgado. A los cinco se les imputa en principio los delitos de prevaricación, tráfico de influencia y asociación ilícita, sin bien, el caso sigue declarado bajo secreto de sumario, por lo que no se conocen los detalles de los hechos por los que se les investiga. Si bien, parece estar relacionados con una supuesta trama de concesión de licencias de obras y construcción en suelos no urbanizables, y un posible enriquecimiento ilícito con ella.

La decisión tomada por el juez de instrucción disminuye considerablemente las medidas propuestas ayer por el fiscal Rafael Cienfuegos, que se ha encargado de la instrucción del caso, y que pidió la libertad de Juan Carlos Rodríguez con una fianza de 100.000 euros y la prisión incondicional para Fornell y Trigo, con el argumento de que se corría el riesgo de destrucción de pruebas y de la reiteración en la comisión del delito.

Finalmente, el juez ha fijado en 30.000 euros la fianza para cada uno de los tres detenidos, aunque ayer no tuvieron que depositar el dinero para salir libres. Se les ha impuesto un plazo de 72 horas para pagarlo. De este modo, alrededor de las 22.15 horas, los tres detenidos salieron libres camino de sus respectivos hogares después de una larga espera en los juzgados del polígono de Las Salinas, a los que habían llegado poco antes del mediodía: Fornell y Rodríguez -esposados- desde la comisaría portuense, y Milagros Trigo, desde el Hospital de Puerto Real, donde fue trasladada la noche anterior pues se recupera todavía de una intervención quirúrgica en la cara. De nuevo, la arquitecta ocultó su rostro con una pamela y unas gafas de sol, que volvió a vestir de noche, cuando salió en libertad.

Las jornada de ayer volvió a ser, como la anterior, maratoniana y ajetreada en el juzgado de instrucción número 3 de El Puerto. A lo largo de la mañana, casi una decena de personas pasaron por el despacho del juez instructor, en calidad de testigos. Según fuentes judiciales, la mayoría eran personas que solicitaron licencias urbanísticas para realizar obras o construcciones en El Puerto y muy probablemente contrataron los proyectos a través de TEC. La noche anterior, desde las 12 hasta las dos de la madrugada, ya se había tomado testimonio al dueño de la Nissan de Jerez y al del concesionario de Harley Davidson de El Puerto -donde Juan Carlos Rodríguez había comprado una moto- así como a varios empleados de la boutique Extreme, de Josefa Lojo, que fue registrada el miércoles.

Alrededor de las 13.00 horas, el juez volvió a llamar a Milagros Trigo para practicar una breve indagatoria y aclarar algunos puntos de su declaración del jueves. Ni Fornell ni Rodríguez declararon de nuevo. Casi de inmediato, los abogados de los tres -Antonio Domínguez-Mompell y Felipe Meléndez-, comparecieron con el fiscal, que expuso sus propuestas de prisión. La decisión del juez se anunció para las ocho, pero el auto de libertad se hizo esperar hasta pasadas las 22.00 horas, cuando los detenidos conocieron la noticia.

La investigación sigue su curso en los juzgados, aún bajo secreto sumarial, pendientes del análisis de toda la ingente documentación recogida en los registros tanto de las dependencias del Ayuntamiento, como en los negocios y viviendas de los imputados.