El Supremo solo verá pleitos de más de 800.000 euros

El Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros un paquete de medidas destinadas a agilizar los procedimientos judiciales. El proyecto de ley afecta sobre todo a la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, dos de los órganos que más han aumentado la carga de trabajo derivada de la crisis económica. Entre las novedades destaca que el Tribunal Supremo sólo estudiará a partir de ahora pleitos económicos de más de 800.000 euros, el límite estaba en 150.000, y que no se pueda recurrir en apelación en los juicios verbales en los que se reclaman menos de 6.000 euros.

Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron que esta reforma pretende descargar de trabajo al Supremo, a los tribunales superiores y a las audiencias provinciales, órganos que habían pedido expresamente que se limitara la posibilidad de determinados recursos. El debate, sin embargo, se centra en si estas reformas merman la tutela judicial de los ciudadanos. Argumento que el Ministerio de Justicia rechaza, ya que considera que limitar la casación da «mayor seguridad jurídica» y reduce el tiempo de la litigiosidad en el Supremo, un tribunal «colapsado».

Desde Justicia destacan además que el 85% de las sentencias de los jueces de primera instancia son confirmadas, lo que da idea de la fiabilidad del sistema y niega la acusación de que es una «reforma para los ricos». Además, el departamento de Caamaño remarca que el Supremo debe centrarse en crear doctrina y no en resolver recursos de casación. Las asociaciones judiciales coincidieron en señalar que la reforma es un «remedio parcial».