Una telaraña de expedientes y de casos aún por resolver

Las diligencias 379/09 oficialmente fueron abiertas, como reza su enumeración, en 2009. Sin embargo, esta causa nace unos cuantos años atrás. A finales de 2006, Ecologistas en Acción remitía una macrodenuncia en la que no solo señalaban a miembros de IP, sino también del PSOE. Ambas formaciones mantuvieron una coalición de Gobierno desde 2003 hasta 2007. El alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, salía ayer rápidamente a informar que las pesquisas se centraban en la anterior Corporación. Un extinguido Gobierno local del que él fue miembro como concejal de IP antes de pasarse a las filas del PP. En abril de 2006 abandonó la militancia en el partido independiente, diciendo que «era la hora de contar la verdad».

La operación de ayer no es precisamente el primer escándalo que se vive en El Puerto. Ecologistas, particulares y formaciones como IU han remitido durante años denuncias ante la Fiscalía. Una de ellas echó del sillón de la Alcaldía al entonces regidor, Hernán Díaz, que fue inhabilitado por prevaricar en la designación de un cargo policial.

En la citada denuncia de Ecologistas en Acción se exponían algunas cifras que evidenciaban los incumplimientos «flagrantes» a los planeamientos. Por ejemplo, exponían que había 40 urbanizaciones ilegales que llegaron a acoger unas 5.000 viviendas que se construyeron en su mayoría a partir de finales de los 90. Justo en 1995, la localidad crecía hasta alcanzar los 70.000 habitantes; una circunstancia demográfica que para muchos resultaba muy golosa.

En cascada

Entre los casos citados en esa denuncia, algunos se encuentran en la antesala de la vista oral, como el de Pinar de Coig, una urbanización irregular situada en la carretera del Portal por la que el detenido Juan Carlos Rodríguez está imputado. Permitió presuntamente dicho desarrollo y autorizó en él el suministro de agua y luz. Sobre este último asunto, Rodríguez siempre argumentó que dicha medida estaba justificada por «razones sociales». Aún así, el ex edil deberá sentarse en el banquillo de los acusados el próximo día 14. Parte de la documentación de esa causa fue requisada ayer.

Las viviendas ilegales alcanzaron parajes especialmente protegidos como denunciaban los ecologistas. El diseminado de El Barranco fue construido en el interior de una Reserva Natural; los inmuebles del Pinar del Obispo fueron levantados sobre un pinar clasificado como suelo no urbanizable de especial protección por su interés forestal, y Los Desmontados, sobre terrenos declarados parque público.

Pero el conglomerado de expedientes sospechosos llega más allá. Es el caso de la 'operación Juncal' en la que se investiga la edificación de chalés en terrenos destinados a otro uso. Otra de las urbanizaciones polémicas es Los Perales, cuya construcción obtuvo la licencia para iniciar las obras tan solo un día antes de que Juan Carlos Rodríguez abandonara su cargo en el Ayuntamiento.

Al margen del ordenamiento irregular, durante el ocaso del gobierno de Hernán Díaz, las denuncias contra el Ayuntamiento fueron cayendo en cascada. De ellas, la más sonada fue la que interpuso Izquierda Unida por la demolición de parte de la Casa de las Cadenas, un edificio especialmente protegido. Díaz entonces argumentó que su pésimo estado suponía un peligro para los viandantes. Sin embargo, Izquierda Unida aseguró que unos ambiciosos planes inmobiliarios sobrevolaban el inmueble.