Los medios privados dicen no a las nuevas reglas de la publicidad del juego

El proyecto de Ley del Juego aprobado en el Consejo de Ministro, y ahora en fase de tramitación parlamentaria, ha desatado las críticas de los medios de comunicación privados. En un escrito, las asociaciones que los representan han expresado su oposición al citado texto por la forma en que se regula la publicidad del juego.

Entienden que en la redacción actual se les exigen responsabilidades administrativas y fiscales «carentes del menor sentido jurídico». Además se les restringen arbitrariamente las inserciones publicitarias, y por otro lado, se demora la inserción de anuncios de juegos hasta que la autoridad competente los autorice.

En la actual redacción, si el anunciante de un juego carece de título habilitante, y por tanto está al margen de la legalidad, el medio donde se inserten sus anuncios podrá ser sancionado por infracción grave con una multa de entre 100.000 euros y un millón.

Asimismo, si el anunciante no paga los impuestos, se le exige al medio de comunicación responsabilidad solidaria, lo que las asociaciones juzgan un sinsentido. «Los medios solo pueden ser responsables de su actividad en cuanto soportes, pero está fuera de sentido jurídico someterles a una responsabilidad fiscal que no les es exigible», responden en el citado escrito.

Las asociaciones critican también la restricción inherente a los anuncios de juegos respecto al resto de inserciones publicitarias. Las limitaciones incluidas en la normativa del juego vienen a sumarse a las que se han aprobado para productos como el alcohol o el tabaco, o respecto a la supresión de anuncios societarios en prensa.

Sin ingresos

Si finalmente la Ley del Juego saliese adelante en su redacción actual, una vez entrase en vigor la ley y hasta que la autoridad competente no expidiese los títulos habilitantes, los anunciantes no podrían hacer publicidad y el conjunto de medios se quedaría sin esos ingresos.

Con esos argumentos, la Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE, la Asociación Española de Radio Comercial, AERC, la Asociación de Revistas de Información, ARI, y la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, UTECA, solicitan a las Cortes que se incorporen las oportunas enmiendas al proyecto de ley. Además han dirigido al vicepresidente primero del Gobierno sus puntos de vista.