LA AMPLIACIÓN FARAÓNICA DEL PUERTO DE TARIFA

UNA resolución negativa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que titula Rosa Aguilar -hasta hace cuatro días consejera de Obras Públicas- ha dado al traste con el descabellado proyecto de ampliación del puerto de Tarifa que promovía la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Lo curioso es que, ante dicho dictamen, su sucesora en la consejería, la eficiente Josefina Cruz, el consejero de Medio Ambiente, el espléndido poeta José Juan Díaz Trillo, y el presidente del gobierno autonómico, José Antonio Griñán, insistan en que seguirán impulsando el proyecto aunque eso sí, mediante unas instalaciones «respetuosas con los condicionantes ambientales». Pero es que dichos condicionantes parten de la existencia de un Parque Natural, el del Estrecho, que definió en su día la propia Junta. Y el interés público por encima del privado.

Que dicho proyecto se quede en agua de borrajas no obedece por tanto a unos cuantos funcionarios iluminados y remotos, sino que pone coto a una pretensión faraónica, impropia de los tiempos que corren. Cierto es que el puerto algecireño, ante los primeros informes negativos, recortó sus expectativas pero todos los indicios apuntan a que los expertos siguen considerando exageradas sus pretensiones. Puede justificarse la actitud de los mandatarios andaluces por las esperanzas de empleo y de inversión que había generado esta iniciativa: 200 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo según las previsiones más optimistas de la Universidad de Cádiz que, sin embargo, no parecían demasiado acordes con realidades similares. Los estudios, en cualquier caso, partían de una realidad anterior a la actual, esto es, la de un mundo que aún no estaba en recesión, mucho antes de que descendiera espectacularmente el número de viajeros a través del Estrecho y mucho antes también de que el sensato presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón, cuyo talante y eficacia nadie discute, tuviera que preocuparse prioritariamente por retener a Maersk en sus terminales de Algeciras y que no tome el dinero, los contenedores y corra hacia el puerto de Tánger-Med, con el mismo hinterland precario que esta provincia pero con salarios y condiciones laborales mucho menos exigentes por parte de sus estibadores. Tan solo las últimas revueltas en el norte de África, desde Marruecos a Egipto, y la evidente incógnita sobre el futuro de la región, pueden disuadir definitivamente a dicha multinacional de iniciar el traslado de parte de sus efectivos hacia la orilla sur del Estrecho.

La Junta seguirá impulsando el proyecto. El anuncio, claro, ha caído como un jarro de agua fría en un sector de la opinión pública de Tarifa, que todavía cree que en alguna parte atan los perros con longanizas. Ahora, todo serán dimes y diretes de cara a las próximas municipales. De hecho, ya el PP, con sus aires de eterno conseguidor sin ningún programa a la vista, empieza a decir que el PSOE no apoyó nunca la ampliación. Lo que no hicieron los socialistas fue intentar pegarle hace año y medio al pintor Guillermo Pérez Villalta, presidente de la plataforma que se oponía al proyecto, y a cuya pareja sentimental enviaron al hospital unos energúmenos vinculados a la sede local del partido de la gaviota.

Pérez Villalta presidía la plataforma creada por la Asociación Ciudadana Tarifa Sí, cuyos portavoces entienden que el dictamen negativo del ministerio no ha sido gratuito sino que obedece a las razones manifestadas durante tres años por los ciudadanos, las asociaciones profesionales y empresariales, grupos sociales, científicos, así como de particulares, que han demostrado que la famosa ampliación era innecesaria. Entre dichas organizaciones, por cierto, estaba Greenpeace, algo más que un simple grupo de boyscouts. De sus alegaciones, se deriva que la ejecución de dichas obras hubiera tenido «graves consecuencias para el sector pesquero, el turístico, para el empleo local, afecciones al paisaje, a la muralla medieval, a la costa y al medio marino, y en suma, al patrimonio público y en detrimento de la calidad de vida de los tarifeños».

«En otros términos -arguyen-: el proyecto no es de interés general. Por otra parte, se ha demostrado que las recurrentes promesas de creación de empleo son palabras vacías, pues se fundamentan en los datos del informe económico de la APBA (realizado en 2007), que es un 'papel mojado'. La actividad del tráfico de pasajeros en el Estrecho en 2010 ha descendido a los niveles del 2005, contrariamente a las predicciones de este informe que pretendía justificar la necesidad de la «ampliación» por un hipotético crecimiento del tráfico de pasajeros, lo que -en teoría- crearía más demanda de servicios y de empleos. La realidad es todo lo contrario: según los datos oficiales, el número de pasajeros que ha cruzado el Estrecho en 2010 ha sido de un millón menos que el estimado en la prospectiva del citado informe económico. La APBA sabe por propia experiencia que el patrón de un negocio que cada vez tiene menos clientes no contrata a más empleados, sino todo lo contrario».

El modelo de desarrollo portuario que ha hecho de Algeciras la ciudad que hoy es, ¿era deseable para Tarifa? ¿No sería matar la gallina de los huevos de oro basándose en un concepto de progreso que la actual crisis debiera de poner en cuestión? Hubo otra plataforma local, con muchos más medios económicos, que apostaba por los planes de la Autoridad Portuaria. Pero TarifaSí no está en absoluto en contra de unas relaciones sostenibles entre puerto y ciudad. Y, de hecho, ya ha sugerido que «los recursos públicos que iban a emplearse en la ampliación, podrían ser destinados a equipamientos más necesarios, como la ampliación del centro de salud, la construcción de un nuevo instituto, la creación de un centro de día para mayores, una depuradora de residuos, la eliminación del vertido en Los Lances, y por supuesto, una reordenación, saneamiento y limpieza del puerto y sus inmediaciones». Pero quizá para todo esto, en cambio, no haya presupuesto.