El PP desoye a Aznar y propone una reforma 'light' de las autonomías

Mariano Rajoy escuchó atentamente las reflexiones de José María Aznar sobre la necesidad de «ponerle el cascabel» al gato autonómico y reformar una configuración del Estado «residual» que «debilita» a España como país, pero el actual líder del PP ha hecho una interpretación muy personal del diagnóstico que presentó el expresidente del Gobierno. El PP, según consta en el programa electoral con el que concurrirán a las elecciones locales del 22 de mayo, defiende la plena vigencia del actual modelo de Estado y solo admite la existencia de algunos problemas coyunturales, pero susceptibles de solución.

Los populares abogan por sellar un gran pacto nacional sobre el modelo de Estado con un objetivo: que la Administración no suponga «una carga» económica para los ciudadanos. Su receta, que ya esbozó el propio Rajoy en el discurso con el que clausuró la Convención Nacional de Sevilla, se basa en un severo plan de austeridad que incluye, entre otras medidas, la limitación de un máximo de diez consejerías por autonomía y la drástica reducción de delegados provinciales, directores generales, parque móvil y todo aquel gasto corriente «prescindible».

También quiere poner coto a la proliferación de organismos públicos, como fundaciones, empresas y sociedades, aunque sin detallar el porcentaje a suprimir. El programa tampoco concreta qué hará el PP con las televisiones autonómicas, uno de los organismos que más contribuye al déficit de estos gobiernos, pese a que alguna dirigente, como la secretaria general, Dolores de Cospedal, ya anunció que privatizará el ente de Castilla-La Mancha si logra vencer en las elecciones de mayo.

El PP recuperará, tal y como adelantó Rajoy, la ley que estuvo vigente con los gobiernos de Aznar y que impone un techo de gasto y un límite de endeudamiento para todas las comunidades autónomas. En esta misma línea, propone «delimitar con precisión» las competencias de cada Administración para evitar duplicidades que, además de proporcionar un peor servicio al ciudadano, aumenten innecesariamente el gasto público.

Esta parte del programa tendría, por decirlo de algún modo, el beneplácito de aquellos que reclaman administraciones más austeras. Más polémico resultará, para algunos, la idea del PP de limitar «al mínimo indispensable» las ofertas de empleo público. En otros ámbitos, como el sanitario, el PP quiere una tarjeta sanitaria única, que tenga vigencia en todo el país con independencia del lugar de residencia.

Límites de velocidad

También llama la atención que el PP proponga «adecuar los límites de velocidad» en las carreteras autonómicas o en las vías urbanas de acuerdo a consideraciones objetivas que tengan en cuenta la siniestralidad, la calidad de las infraestructuras, el trazado o el ruido. La reflexión se conoce justo al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobase reducir de forma provisional el límite de velocidad en autovías y autopistas de 120 kilómetros hora a 110 a partir del 7 de marzo, como parte del plan de medidas de ahorro energético. Los dirigentes populares tildaron la iniciativa gubernamental de «ocurrencia» y de medida «soviética».

El programa electoral del PP, que deberá ser ratificado durante la convención autonómica del 4 y 5 de marzo en Palma de Mallorca, ha sido coordinado por el director de estudios y programas del PP, Baudilio Tomé, bajo la supervisión de Ana Mato, secretaria de Organización. En las propuestas ha trabajado una representación de todas las comunidades autónomas y se ha contado con las aportaciones de las comisiones de estudio, de los grupos parlamentarios de Congreso, Senado y Parlamento Europeo, los secretarios de área, y con la colaboración de FAES. El programa da continuidad a las líneas de trabajo marcadas en la convención de Sevilla y es la concreción del discurso de Mariano Rajoy a escala autonómica.