El PP sitúa en la provincia el caso de los ERE y pone a Empleo bajo sospecha

La polémica abierta sobre las irregularidades detectadas en una docena de expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta desde el 2001 ha salpicado de lleno a la provincia. La batalla política por las prejubilaciones falsas ha llegado a Cádiz de la mano del PP. El presidente provincial del partido, José Loaiza, puso ayer bajo sospecha la gestión de la Delegación de Empleo y pidió al Tribunal de Cuentas su fiscalización. El PP gaditano quiere saber cómo, cuándo y dónde se ha gastado el dinero de los planes de empleo, así como el de los cursos de formación. No entiende cómo es posible que la provincia donde más dinero se ha invertido en fomento del empleo sea la que más parados tenga. En opinión de Loaiza, «la delegación gaditana es la peor de toda Andalucía».

Recordó que el origen de la polémica viene por el caso Mercasevilla, donde se investiga el cobro de comisiones a empresarios, delitos urbanísticos y una trama de prejubilaciones ficticias. El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla estudia las irregularidades halladas, por ahora, en 12 de los 30 expedientes de regulación de empleo tramitados por la Consejería de Empleo y que han sido elevados a la justicia. El caso se ha ido de las manos justo cuando el exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, ha reconocido ante el juez que había manejado sin control un fondo de 647 millones de euros para empresas en crisis, el denominado 'fondo de reptiles'. La caja de los truenos estalla cuando se detecta que entre los ERE investigados hay 37 intrusos a los que no les corresponde la prejubilación y, además, no constan como trabajadores de las empresas afectadas por la regulación.

Loaiza descargó ayer toda la artillería política al colocar en la primera línea de fuego al exconsejero jerezano Antonio Fernández y al titular de la Delegación provincial de Empleo, Juan Bouza. El PP gaditano ha pedido copia de los expedientes de regulación que se han llevado a cabo en empresas de la provincia como Delphi, Altadis, Vicasa, bodegas Bellavista o González Byass, entre otras. Al mismo tiempo, ha solicitado la fiscalización de la Delegación de Empleo de Cádiz por parte del Tribunal de Cuentas para aclarar en qué se han gastado los incentivos anunciados en favor del empleo. Según Loaiza todos los conflictos laborales se han solucionado con dinero público a golpe de prejubilaciones y regulaciones y «Cádiz ha sido un coladero». Según el PP, «no se sabe si esta inversión ha sido para salvar a los trabajadores o ha sido una maniobra política para salvarse el PSOE».

La reacción a las palabras de Loaiza no ha tardado. Así, la Delegación provincial de Empleo ha aclarado que no tramita ayudas derivadas de expedientes de regulación de empleo y el propio Juan Bouza ha retado al presidente del PP a que revise estos expedientes y encuentre una sola irregularidad en ellos.

La reacción más inmediata a las críticas vertidas por el PP ha venido del frente socialista. El secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, acusa a los populares de practicar una política «criminalizadora» basada en la mentira. Según Cabaña, la Junta es transparente en este asunto y ha elevado al juez 30 expedientes para su investigación «caiga quien caiga». El líder de los socialistas gaditanos aclaró que se van a determinar las irregularidades y señaló que el PP no está legitimado para dar clase de limpieza política, ya que tiene exalcaldes imputados como es Juan Carlos Juárez, en La Línea. En su opinión, el PP degrada el sistema democrático con estas acusaciones «y trata de exponer que el POSE vive en el infierno y ellos en el cielo».

Cabaña ha querido evitar el «y tú más», pero parece que los populares gozan de impunidad «y miren el caso Camps en Valencia».