La herencia española

Texas, el segundo estado de la Unión por superficie y número de habitantes, fue una vez provincia española. Y no se trató de una dominación fugaz: se prolongó desde 1690 hasta 1821, aunque, durante buena parte de esos 131 años, la principal preocupación de las autoridades imperiales consistió precisamente en poblar esa enorme extensión de terreno -menor que la actual, pero también vasta- para dar verdadero contenido a su españolidad.

La Luisiana francesa se veía como una amenaza, así que la Corona empezó a repartir lotes de suelo a principios del siglo XVIII, con éxito relativo: en el censo de 1777 solo aparecían 3.103 colonos, de los que 957 estaban catalogados como españoles -la mayoría, nacidos en los territorios de aquel lado del Atlántico-, 871 como indios, 111 como mestizos, 669 como 'colores quebrados' y 11, en fin, como esclavos. Hacía falta mucho valor y mucha necesidad para establecerse en aquella última frontera y exponerse a la triple amenaza de las tribus salvajes, tal como se decía entonces, los bandoleros y los franceses.

Parece increíble, pero aquellas concesiones de terreno rubricadas por la Corona española, así como las que emitiría después el recién nacido gobierno mexicano en los catorce años que pudo conservar Texas, son uno de los asuntos candentes ahora mismo en los ambientes legislativos y judiciales de Estados Unidos. Los documentos amarillentos y a menudo indescifrables que daban derechos a los nuevos pobladores de la provincia no son ya un tesoro exclusivamente histórico, interesante solo para los estudiosos de Nueva España, sino que se han convertido en la clave para acceder a una apetecible fortuna: medio millar de descendientes de aquellos colonos se han unido para reclamar al estado de Texas los derechos por la explotación petrolífera y minera de lo que, en los lejanos tiempos de virreyes y oidores, fueron las tierras de sus antepasados. El montante de los 'royalties' oscila, según las fuentes, entre 200 y 560 millones de dólares. Y la demanda, contra lo que podría parecer en un primer vistazo, no es una ocurrencia alimentada por la avaricia, sino que incluso podría concretarse en una reforma legislativa.

Vender o morir

El paso de los siglos y los vaivenes de la historia no respetaron aquellos lotes de miles de acres, que acabaron sometidos a sucesivas divisiones, apropiaciones ilícitas y chanchullos. El diario 'San Antonio Express' recordaba hace un par de semanas una frase que llegó a hacerse habitual en el sur de Texas: «Véndeme esa tierra o se la compraré a tu viuda». Entre muertes sin testar y acuerdos políticos que no se respetaron, aquellas parcelas perdidas fueron adquiriendo para muchos descendientes una consistencia casi legendaria, que solo se materializaba en las historias que contaban sus padres y sus abuelos. Pero, además de recuerdos, quedan documentos: durante mucho tiempo, los títulos estuvieron desperdigados, y algunos se perdieron para siempre, pero los que se recuperaron son hoy objeto de custodia en archivos como los de la Oficina General de la Tierra o los de la Universidad de Texas.

Los 'reclamantes', el término español con el que son conocidos, se reunieron a finales del mes pasado en San Antonio, bien pertrechados con copias de los antiguos escritos y con reproducciones de sus detallados árboles genealógicos. «A lo largo de los años, nuestros antepasados -mi padre, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos- han estado buscando justicia y compensación por lo que nuestros ancestros nos dejaron», explicó al periódico tejano una de ellas, Lilia González. Hay un factor que da aliento a su demanda: el dinero que solicitan ya está recaudado, porque las compañías petrolíferas abonaron en su momento esos derechos de explotación, pero las autoridades nunca han encontrado a quién entregárselo. El estado de Texas guarda esos fondos en la Oficina de Interventores, junto con otros 1.700 millones de dólares que nadie ha reclamado o que nadie podía reclamar.

Las aspiraciones de los herederos podrían conducir incluso a una reforma legislativa, la Ley de Recaudaciones Mineras sin Reclamar, que les facultaría para aportar sus documentos históricos y sus estudios genealógicos como prueba para recibir esos fondos. La fortuna con la que soñaban los colonos puede hacerse realidad un par de siglos después.