El PP denunciará a la Junta si no le entrega más información sobre los ERE

El PP barrunta que los datos conocidos hasta ahora sobre la presunta existencia de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares apenas son la punta del iceberg. Los populares sospechan que la trama puede convertirse en el «mayor fraude» de los últimos años en España. Por ello, quieren tener todos los expedientes administrativos en su poder. El Gobierno andaluz, por el momento, ha rechazado la constitución de una comisión de investigación sobre los ERE en la Cámara andaluza. Una decisión muy criticada por el principal partido opositor.

Javier Arenas, presidente del PP andaluz, dio ayer un nuevo paso y advirtió al Ejecutivo autonómico del socialista José Antonio Griñán que si no entrega al grupo parlamentario popular la relación de las tramitaciones de los ERE presentará una querella en los tribunales contra el PSOE.

La información que reclama Arenas son las auditorias a la empresa pública -primero se llamo IFA y ahora, IDEA- que otorgaba estas ayudas laborales, los avales jurídicos del convenio entre la Consejería de Empleo e IDEA y la intervención de Hacienda.

Comisión parlamentaria

El líder de los populares en Andalucía rechazó el argumento que esgrimieron los socialistas para no crear la comisión parlamentaria de investigación y enfatizó que el hecho de que la Junta haya enviado estos informes a la jueza que instruye el caso no es óbice para que no se trasladen también al Parlamento, para que realice los correspondientes controles.

Arenas acusó tanto a José Antonio Griñán como a su antecesor y ahora vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, de ser los «responsables directos» de estas supuestas irregularidades. Su responsabilidad habría sido, según el dirigente del PP, la de «ni más ni menos que haber conocido los procedimientos que había en marcha y haberlos tapado».

Comparó además la legislación andaluza en materia laboral con la de otras comunidades autónomas que en su mayoría tienen órdenes a través de las cuales regulan las ayudas a los trabajadores sometidos a un ERE, mientras que en Andalucía «esas ayudas no las conocían las empresas».