Sortu acabará ante el Supremo por ser la sucesora de Batasuna

La Fiscalía General del Estado anunció ayer que el próximo marzo presentará ante la Sala Especial del Tribunal Supremo una demanda para pedir la «no inscripción» en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior de la nueva marca que la izquierda 'abertzale' intentó dar de alta el 9 de febrero.

El departamento que dirige Cándido Conde Pumpido sostiene que hecho el «análisis jurídico» de los informes remitidos por los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, se confirma que la formación es una «continuación de Batasuna», por lo que la vía que escogerá el Ministerio Público será la del «incidente de ejecución de sentencia». Esto es, reclamar que se deniegue la inscripción en el registro de Interior en aplicación de las propias sentencias del Supremo que ilegalizaron a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Pedirá además al Supremo que declare «fraudulenta» a Sortu por ser «sucesión» de las formaciones ya clandestinas.

La Fiscalía, que también ha estudiado los estatutos de la formación, aseguró que ni siquiera va a agotar el plazo para reclamar la ilegalización de Sortu, que concluye el 11 de marzo.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia, también la Abogacía del Estado ha tomado ya la decisión de solicitar al Supremo que rechace la inscripción del partido después de examinar la documentación entregada por las fuerzas de seguridad, aunque todavía no ha dado el paso.

El Ministerio Público explicó que su demanda ante la Sala Especial del Supremo previsiblemente no solo incluirá los documentos ya entregados, puesto que «bajo la dirección de la Fiscalía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continúan realizando investigaciones complementarias».

El recurso del departamento de Cándido Conde Pumpido, que será muy similar al de los letrados de Justicia, invocará tres preceptos de la ley de partidos: el 5.6., que permite «perseguir la inscripción de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal»; el 12.1, que obliga al «cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto»; y el 12.3, que deja en manos del Supremo «declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto».

Idéntico a 2007

Los especialistas de los dos departamentos tienen previsto seguir el proceso que ya instaron en las pasadas elecciones municipales de 2007, cuando sus demandas cortaron el paso a la inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB). Entonces, el Supremo declaró «improcedente» la constitución de ASB y denegó su inscripción en el registro de Interior al considerar que esa recién nacida formación era una «continuación o sucesión del partido político declarado ilegal y disuelto Batasuna». Exactamente el mismo fallo que buscan ahora la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Las dos demandas tendrán como base las 82 páginas de los informes de la Comisaría General de Información de la Policía y de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que apuntan idénticos argumentos. La investigación policial tacha de estratagema la renuncia de Sortu a la violencia con el fin de sortear la ley de partidos. Incide en que dirigentes históricos de los partidos ilegalizados, como son Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin, han tutelado el nacimiento de la formación por lo que, concluye, el «entorno político de ETA» está detrás del nuevo partido. Para la Policía, es «evidente» que Sortu es «continuidad de la ilegalizada Batasuna».

Ante la posibilidad de que el Supremo corte el paso a Sortu tras las demandas de la Fiscalía y la Abogacía, los servicios de Información de las fuerzas de seguridad ya trabajan con la posibilidad de que la izquierda 'abertzale' trate de prestarse con un partido 'durmiente' o a través de complejas de plataformas de electores.

Alfredo Pérez Rubalcaba garantizó que el Estado también responderá a ese supuesto plan B, que no descartó. «El Estado de Derecho está preparado para impedir que nadie que no deba ir a las elecciones vaya. No es una novedad que pueda existir un plan B», apuntó.