El PP cierra filas con el Gobierno para impedir que Sortu esté en las elecciones

El PP quiere diferenciar que una cosa es la unidad con el Gobierno para combatir a ETA e impedir la legalización de Sortu, y otra muy distinta el chivatazo al aparato de extorsión en el bar Faisán de Irún. En el primero de los casos, Mariano Rajoy y Federico Trillo dejaron claro ayer que hay sintonía con el Ejecutivo, pero en el segundo asunto el enfrentamiento es a cara de perro. El partido opositor atiende así los requerimientos de quienes reclaman que no haya fisuras en la lucha antiterrorista, pero también escucha los planteamientos de los sectores más ultras, que siempre han visto una cierta connivencia de los socialistas con la organización terrorista.

El líder de la oposición calificó de «excelente noticia para los demócratas» los informes de las fuerzas de seguridad sobre el nuevo partido de la izquierda 'abertzale' y sus vínculos con Batasuna y ETA. Rajoy, no obstante, reclamó a la Fiscalía y la Abogacía del Estado que no aflojen y presenten una demanda rigurosa con todas las pruebas posibles de esos lazos ante el Tribunal Supremo para que la Sala Especial o del 61 resuelva que no cabe la legalización.

Lo contrario, dijo, sería «dar un paso atrás y tirar por la borda un trabajo de mucha gente durante muchos años». Para Rajoy, que presentó a Trillo en un desayuno informativo, no hay duda de que Sortu es «un instrumento político» de ETA y Batasuna para presentarse a las elecciones.

La portavoz de los populares en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se sumó a las tesis de su líder, pero puso el acento en alertar a Alfredo Pérez Rubalcaba de que la izquierda 'abertzale', si no consigue la legalización del partido, utilizará «otras fórmulas» para participar en los comicios. Idea que compartió el coordinador de Justicia y Libertades Públicas y responsable de los servicios jurídicos del PP, quien incidió en que la ilegalizada Batasuna recurrirá a «planes B o C» para alcanzar su objetivo electoral en mayo.

Federico Trillo consideró que existen «resortes» legales para que la izquierda 'abertzale' «no se cuele» y el Gobierno tiene que utilizarlos. Se refería a las recientes reformas de la ley electoral que permiten anular listas de partidos legales si incluyen a candidatos de fuerzas ilegales o a la actuación retroactiva si tras ser electo un cargo se comprueba sus vínculos con la ilegalizada Batasuna puede ser despojado de su acta.

El dirigente opositor e interlocutor habitual de Alfredo Pérez Rubalcaba para los asuntos de terrorismo instó a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado a estar «a la altura de las circunstancias» y que sus demandas no dejen otro camino al Supremo y al Constitucional, si la decisión es recurrida, que denegar la inscripción del partido en el registro de Interior. Recordó además que su partido no se va a creer nada de la izquierda 'abertzale' mientras «exista ETA» y se felicitó de que el Gobierno comparta ese criterio, como se pudo comprobar, según dijo, el pasado viernes, cuando el vicepresidente y ministro del Interior dijo que Sortu es «continuidad» de Batasuna, aserto corroborado por los informes de las fuerzas de seguridad.

Confusión

Trillo destacó que el PP tuvo unos momentos de duda sobre la postura que iba a adoptar el Gobierno sobre Sortu por «la confusión» que crearon ciertas declaraciones de miembros del PSOE y sobre todo de los socialistas vascos, pero ahora los recelos se han disipado y «el camino» está trazado. El dirigente popular se desmarcó asimismo de las opiniones de miembros de su partido, capitaneados por Jaime Mayor Oreja, sobre la existencia de contactos del Ejecutivo con los terroristas. «Negociación del Gobierno con ETA no la hay», aseveró. Y no existe, abundó, «ningún fundamento para sostener que el Gobierno esté negociando con ETA». Explicó que tenía esta certeza por «la fluida» información que recibe de Rubalcaba, y «tengo que fiarme».

También tomó distancia de las manifestaciones del ex director general de la Policía y connotado 'mayororejista' Juan Cotino sobre la presenta entrega de dinero a ETA en el bar Faisán por parte del Gobierno durante la tregua de 2006. Cotino dejó entrever que esos recursos económicos podrían proceder de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Trillo comentó que espera que el autor de esas acusaciones pueda «aportar» datos para probarlo que dice porque es «una afirmación tan fuerte» que es de esperar que esté sustentada en algo más que en «simples especulaciones». Aunque si fuera cierto, agregó, sería «gravísimo».

El coordinador de Justicia del PP asimismo practicó la diferenciación entre la unidad de acción con el Gobierno frente a ETA, Batasuna y Sortu, y el acoso a Rubalcaba por el chivatazo. Explicó que su partido, personado en la causa de la Audiencia Nacional, no descarta pedir más imputaciones ante los últimos datos que se han conocido sobre la grabación de los hechos y la actuación de algunos mandos policiales, pero apuntó que lo relevante es que el vicepresidente y ministro del Interior «explique de una vez» en el Congreso qué sucedió en el soplo del 4 de mayo de 2006 al dueño del bar Faisán para que avisara a un miembro de ETA de una inminente operación policial.