El juez estudia ordenar un careo policial para aclarar el chivatazo

Para la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en el sumario que investiga el chivatazo al aparato de extorsión de ETA, no hay dudas. El juez tiene que llevar a cabo un careo entre el comisario jefe de información en el momento de los hechos, José C., y el máximo responsable de la investigación contra el entramado financiero terrorista, Carlos G., después de que ambos ofrecieran al magistrado versiones contradictorias sobre los hechos investigados. La acusación popular reclamó ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que ambos mandos confronten sus declaraciones para saber quién mintió.

Durante su primera comparecencia ante el magistrado, el pasado 8 de febrero, el comisario jefe José C. dejó entrever que su subordinado, Carlos G., estaba implicado en el soplo, aunque ninguno de los dos está imputado en la causa. Le acusó de dilatar la detención de los etarras porque implicaban «riesgos políticos», en referencia a la tregua de ETA vigente en aquel momento y a la implicación del dirigente del PNV, el fallecido Gorka Aguirre. Atribuyó además al responsable de las pesquisas la destrucción de pruebas, ya que, de forma paradójica, fue el propio Carlos G. quien dirigió el equipo que indagó la delación a los recaudadores de la banda en mayo de 2006. Lo hizo desde la unidad de asuntos internos, su nuevo destino tras dirigir la operación contra el aparato de extorsión de ETA.

Por su parte, Carlos G. relató al juez, según fuentes judiciales presentes en la declaración, que él fue quien desarrolló la operación contra ETA y que «nunca podía estar en desacuerdo» con las detenciones porque las propuso y se peleó con los investigadores policiales franceses por su negativa a apresar a Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán y responsable de la red de extorsión etarra, y José Antonio Cau Aldanur, el contacto del aparato recaudador en Francia. De la misma forma, aseguró en su declaración que el día en el que se produjo el chivatazo, el 4 de mayo de 2006, informó de la operación al juez que instruía el caso, Fernando Grande-Marlaska, y llamó al comisario jefe que ahora le inculpa para contarle los hechos «anormales» que ocurrieron aquella mañana en el bar Faisán de Irún.

Destrucción de pruebas

De las acusaciones vertidas por el comisario jefe contra su subordinado una sobresale del resto: la destrucción de pruebas para no dejar rastro del chivatazo. Según el mando policial, Carlos G. cambió al equipo de investigación destinado a desentrañar el soplo e intentó borrar el material audiovisual grabado por la policía en el bar Faisán.

Entre ese material estarían las conversaciones entre Elosúa y su yerno, en la que el primero reconocía que había recibido una delación policial, o las partes del vídeo en la que se veía salir del establecimiento al supuesto agente que comunicó a Elosúa la inminente operación antiterrorista.

La gravedad de estas imputaciones llevó al juez Ruz a solicitar el 24 de enero a la Guardia Civil un informe pericial sobre los cortes en las grabaciones. Y el resultado apunta a los funcionarios de la Policía que investigaron el chivatazo, con Carlos G. a la cabeza, quienes habrían manipulado la cinta para exculpar a sus compañeros. El estudio descarta así la hipótesis policial de que la cinta se deterioró durante la cadena de custodia o por el propio desgaste. Una versión que en su momento el juez Baltasar Garzón, anterior instructor del caso, dio por buena.

Para no dejar cabos sueltos, la asociación Dignidad y Justicia también pidió al juez Ruz que se identifique a todos los funcionarios policiales que dieron soporte técnico al equipo de investigación que grabó las entradas al bar Faisán y quién o quiénes se encargaron de custodiar las grabaciones.