Casi 100.000 gaditanos podrán acceder a los contratos incentivados

El Consejo de Ministros aprobó ayer su enésima iniciativa para frenar el paro. Esta vez propone un nuevo tipo de contrato incentivo que bonificará a las empresas que admitan a tiempo parcial a parados menores de 30 años y a los de larga duración. En esta ocasión se prevé aplicar una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social que irá desde el 75% al 100%, dependiendo del tamaño de la empresa. El criterio es que las más pequeñas podrán aplicarse reducciones mayores.

La medida tendrá una vigencia de doce meses y podrá beneficiar a unos 100.000 desempleados que cumplen esos requisitos en la provincia. El volumen se reparte entre los 27.400 demandantes que aún no han cumplido los 30 y que llevan menos de un año de espera para conseguir un empleo y los 70.800 desempleados de larga duración, según se extrae del último informe del Observatorio de las Ocupaciones que elabora el Servicio Público Estatal de Empleo y que toma como referencia la EPA.

Tanto uno como otro colectivo tiene una tasa de desempleo superior al 40% y están considerados entre los más vulnerables. Ambos quedan apartados del mercado laboral y se centran en sectores que requieren de una escasa especialización.

Por la naturaleza de este contrato -que también admite los acuerdos temporales siempre que se hagan renovaciones mientras duren las ayudas-, el sector servicios será el que mayor número de parados empleará. Especialmente el comercio y la hostelería, que tienen una mayor movilidad dentro del mercado de trabajo gaditano.

Los sindicatos valoran la iniciativa, pero no las tienen todas consigo. Manuel Campoy, secretario provincial de Empleo de CC OO, considera que el principal riesgo es «el mal uso que se hace de los contratos a tiempo parcial». Según explica, «una provincia como la nuestra con casi 180.000 parados no soluciona el problema con trabajo a media jornada». «Seguramente aceptarían la oferta, pero no satisface sus necesidades, especialmente de ambos colectivos, cuyos ingresos son muy limitados, indica el responsable sindical.

También considera «fundamental» estar atentos a cómo se desarrolla. El decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros advierte de que no se podrán beneficiar las empresas que hayan despedido previamente a trabajadores, solo las que amplíen la plantilla. Pero se puede dar el caso de que no renueven a los empleados temporales y, una vez extinguidos sus contratos, los sustituyan por aquellos que formen parte de los colectivos incentivados. «De ser así, sería como vestir un santo para desvestir a otro», opina Campoy.

El plan de choque del Gobierno prevé también ampliar el subsidio una vez finalizadas las prestaciones por desempleo. La novedad es que los 426 euros del anterior programa de inserción laboral (Prodi) se recortan a 400 y excluye a sus anteriores beneficiarios. Según los cálculos de Manuel Campoy, en la provincia hay en torno a 80.000 desempleados que no perciben ningún tipo de prestación y un buen número de ellos podrían acogerse a este nuevo plan.