El juez revisa los contactos con ETA en 2006 para aclarar el chivatazo

El juez del chivatazo busca motivos políticos para el chivatazo a ETA. Pablo Ruz ha comenzado a interrogar en secreto a buena parte de los miembros de la cúpula del Ministerio del Interior entre 2006 y 2007 para conocer los pormenores de los contactos entre el Gobierno y la organización terrorista a fin de comprobar si, como aseguran documentos internos de la banda, enviados del Ejecutivo enmarcaron el soplo al aparato de extorsión de ETA en mayo de 2006 como un gesto de buena voluntad en las negociaciones durante la penúltima tregua terrorista.

Según informaron ayer fuentes judiciales, el interés de Ruz por conocer de primera mano los detalles de esas 'tomas de temperatura' viene motivado por la comisión rogatoria de 645 folios que la juez antiterrorista gala Laurence Levert remitió, tras varias peticiones infructuosas, a principio de enero con las diligencias abiertas en Francia sobre la 'operación Faisán'. En ese documento hay nueve folios que el juez decretó secretos. En esas páginas, la magistrada da cuenta de las denominadas 'actas de Thierry', el resumen de los encuentros entre la organización armada y el Gobierno que hicieron los terroristas y que fueron incautadas al entonces jefe del aparato político de ETA y supuesto número uno de la organización, Francisco Javier López Peña, 'Thierry', detenido el 21 de mayo de 2008 en Burdeos.

En uno de esos informes, ETA asegura que el número cuatro de los negociadores del Gobierno, al que posteriores documentos de la banda identifican como el abogado José Manuel Gómez Benítez, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, sacó a relucir el chivatazo como muestra de la buena voluntad del Gobierno cuando su interlocutor etarra se quejó de que las detenciones seguían y, en particular, mostró su enfado por la redada contra el aparato de extorsión que había ordenado el magistrado Fernando Grande-Marlaska, del que ETA sospechaba que no actuaba 'motu proprio', sino a instancias del Ejecutivo. Los terroristas advirtieron entonces a modo de ultimátum de que el 'Faisán' debía ser la última operación contra ETA.

Fue entonces, según los 'papeles' incautados en Francia, cuando el enviado del Gobierno recordó al negociador de los terroristas que incluso había «un policía de San Sebastián» imputado por el chivatazo; en realidad luego fueron tres los imputados, entre ellos el entonces director de la Policía Víctor García Hidalgo.

Volver a instruir

A la vista de estas revelaciones de Levert, Ruz, explicaron responsables de la Audiencia Nacional, ha decidido «reinstruir» (sic) buena parte de la causa que ya había dado casi por finiquitada su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón. Por este motivo, comenzó la pasada semana a interrogar, en absoluto secreto y con la sola presencia del fiscal, a los entonces responsables de la seguridad del Estado para saber si recibieron directrices sobre si ejecutar o no la operación contra el aparato de recaudación de ETA que tenía su base en el bar Faisán de Irún. Declaraciones que todavía no han concluido y que podrían prolongarse algunos días más.

Entre los responsables de Interior llamados a declarar sobre los contactos de marzo de 2006 a junio de 2007 están, según reveló ayer el diario 'La Razón', el que fuera director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida; los entonces directores de apoyo operativo de ambos cuerpos, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, que todavía lo es, y el general José Manuel García Varela, ya en excedencia, y los jefes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, el general Martín Alonso, todavía destinado a la lucha antiterrorista, y el comisario Telesforo Rubio. Este último, ahora agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Moscú, está citado para hoy, a fin de que explique su tardanza a la hora de informar a la Audiencia Nacional sobre el chivatazo y de las contradicciones de sus entonces subordinados.

Careos

A esa lista se ha unido el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, quien tuvo un papel preeminente en las negociaciones de la pasada tregua.

El juez, al margen de los interrogatorios secretos, sopesa abrir nuevas diligencias a la vista de las contradicciones entre los policías que intervinieron en la investigación de la trama de extorsión. Las acusaciones populares quieren careos. Sobre todo el del jefe de la investigación, Carlos G., con su superior, el comisario José C., quien el martes aseguró ante Ruz que Carlos G. llegó a proponerle destruir la prueba de cargo del soplo -las cintas grabadas por los micrófonos ocultos en el coche del dueño del Faisán, Joseba Elosua- para no empantanar el proceso de negociación abierto con ETA. Las acusaciones ven sorprendente que el comisario durante más de cuatro año no mencionara este episodio en ninguno de sus informes.

Dignidad y Justicia, por su parte, no ceja en el empeño de hacer declarar al secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, por su intercambio de llamadas con García Hidalgo los días del soplo y ha presentado un recurso contra el auto de Ruz en el que rechazaba su interrogatorio por superfluo para determinar qué pasó el 4 de mayo de hace cinco años en el bar de la frontera con Francia.