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Manifestantes reclaman comida y bebida en la plaza Tahrir de El Cairo. :: EFE-REUTERS
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Suleimán agita el fantasma del golpe de Estado

El vicepresidente egipcio dice que sin diálogo el país llegará el caos

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Nadie dijo que liberar a Egipto de Hosni Mubarak fuera a ser ni fácil ni rápido, pero ayer empezaron a registrarse peligrosos síntomas de impaciencia en muchos puntos del país. Los más extremos se produjeron al sur, en la localidad de Jarga, donde la policía abrió fuego real contra una multitud matando a tres ciudadanos e hiriendo a otros sesenta. Protestaban contra los presuntos maltratos y la represión, días atrás, del jefe de la comisaría, que, como cientos de miles de agentes, desapareció de las calles el 28 de enero y ayer volvía al trabajo amenazado por las ansias de linchamiento.

En Jarga acabaron quemando el puesto de guardia, en Port Said, en el Mediterráneo, los cuarteles y el coche del gobernador. La fiereza contra los agentes de Mubarak se solapaba con una crispación galopante que ha prendido en el ámbito laboral: a la huelga de 6.000 trabajadores del estratégico canal de Suez se sumaba ayer la de los funcionarios de Correos. También paros en las petroleras Petrotrade, Petroment y Syanco, en la red ferroviaria y sus 3.000 empleados, a los que hoy acompañarán también los 1.000 dependientes de la Autoridad Pública de Transportes. Reclaman mejoras salariales y dignidad a un régimen que les asfixia. Egipto se paraliza, se ha retrasado la reapertura de colegios. La nueva presión multiplicaba las fuerzas en la plaza Tahrir, que también se superaba a sí misma en ambición y en coraje abriendo sucursal frente al Parlamento.

Cundió por la mañana el rumor de que los soldados iban a desalojar a los jóvenes del centro de El Cairo. Por la tarde, el titular de Asuntos Exteriores, Ahmed Aboul Gheit, confirmaba que las habladurías no estaban desencaminadas. «El Ejército va a intervenir en caso de caos para hacerse con el mando de las situación», declaraba a la cadena Al-Arabiya. Pero para entonces, miles de manifestantes ya se habían aventurado a montar un nuevo campamento delante de la cámara. Allí, 475 de los 508 diputados lo son del Partido Nacional Demócrata (PND) de Mubarak, cómplices de la corrupción del Estado. Y el objetivo ahora es la disolución de su mandato, logrado además con el último y descarado pucherazo en las urnas perpetrado el pasado mes de diciembre. Se estima que el siguiente blanco a paralizar será la televisión pública, órgano máximo de propaganda que sigue ignorando las manifestaciones de la calle, y el palacio presidencial, residencia del 'rais' cuando abandona su retiro paradisíaco de Sharm el-Sheij.

Recuperar el pulso

El Egipto que hasta antes de ayer pareció sucumbir anestesiado por el juego de negociaciones y de reuniones de salón del vicepresidente, Omar Suleimán, se ha sobrepuesto. Tahrir ha recuperado el pulso y la iniciativa, anoche hervía en su reivindicación del «fuera Mubarak». No contribuyó en absoluto a aplacar el creciente malestar el último mensaje oficial -otra vez Suleimán a los micrófonos- advirtiendo que «no tolerarán» la «desobediencia civil» y que no hay más camino que aquel que el Gobierno marca.

«El diálogo y la comprensión son la manera de obtener la estabilidad en el país y salir de la crisis pacíficamente con un programa de pasos continuos (...). La segunda manera, alternativa, sería un golpe de Estado, y queremos evitarlo», dijo. Y añadió: «No habrá final del régimen, ni un golpe de Estado porque eso significaría el caos». Pero diálogo tampoco. Los Hermanos Musulmanes lo rechazaron ayer en rueda de prensa recordando que sentarse con Suleimán es asistir a un «monólogo», y que no se prestarán a pantomimas mientras Mubarak no renuncie.

En mitad del pulso retomado, la oposición no se dejó distraer por los avances del comité para la reforma constitucional nombrado por el presidente, que dice que va a enmendar los artículos cuya derogación se ha mendigado durante años: el 76, que prácticamente impide la legalización de partidos; el 77, que consagran la reelección indefinida, y el 88, que regula la supervisión judicial de las votaciones.