Una docena de ERE de empresas de la provincia serán objeto de investigación

Los tentáculos del 'caso Mercasevilla' ya han llegado a Cádiz y ahora las miradas de la justicia también se posan en la provincia, sobre todo tras los registros efectuados por la Brigada de la Policía Judicial de Sevilla en las diferentes delegaciones de la empresa Uniter, una de las compañías aseguradoras especializada en la tramitación de expediente de regulación de empleo (ERE) y que ha actuado de intermediaria en buena parte de los procesos de prejubilaciones firmados en la comunidad en la última década.

Tal como ha podido saber este medio por diversas fuentes, en esa visita de los agentes y la secretaria judicial a la sede de la compañía aseguradora en Jerez, así como a las de Cádiz, Linares (Jaén), Sevilla y Valverde del Camino (Huelva), los responsables de Uniter entregaron los listados en los que se recogían todos los expedientes de regulación de empleo que han tramitado y que han recibido ayudas de la administración autonómica dentro del periodo objeto de análisis, unos documentos en los que se detallan los nombres de todos los empleados incluidos en estos procesos y beneficiados por las prejubilaciones.

Así las cosas, y aunque es difícil ajustar la cantidad de ERE que se están investigando por orden de la jueza de instrucción número 6 de la capital hispalense, Mercedes Alaya, que es la que está al frente del 'caso Mercasevilla' de las que parten todas las nuevas diligencias, se calcula que al menos una docena de casos de la provincia de Cádiz se están analizando en este proceso que afecta a toda la región y en el que el gobierno andaluz ya ha reconocido 37 casos de intrusos que se han beneficiado de prejubilaciones que no les correspondían.

Hay que recordar que fue la propia consejera de Presidencia, Mar Moreno, la que cifró en 45 los expedientes en los que participó la Junta que están «vivos», es decir, se siguen pagando cantidades a los afectados. Y en la investigación interna de la Junta sobre 30 de ellos ya se han detectado irregularidades. Pero quedan muchos por mirar y bien puede ser que no surjan nuevos casos o, por el contrario, que no se detecten más fraudes.

Sea como fuere, hasta que se analice la documentación incautada no se pueden sacar conclusiones, ya que por el momento lo único que ha hecho la Policía Judicial es cubrir todo el espectro de ERE que han sido apoyados por la administración para chequearlos minuciosamente. Y en esta labor de análisis van a tener que desgranar grandes procesos de prejubilación como los que se pusieron en marcha cuando cerró la empresa Delphi en el año 2007, o cuando la bodega González Byass prescindió de parte de su personal en el año 2008. En Cádiz además se habla del expediente de la firma Dhul.

También hay varios ERE en Astilleros y la naval, como ocurre en la provincia de Huelva, donde la misma empresa se ha encargado de la gestión de las pólizas de los mineros, o de los Astilleros, donde hoy mismo tienen un encuentro con los trabajadores para pactar las condiciones de cobro.

Todos estos casos ya están en poder de la Policía Judicial, la misma que transmitió en enero a la jueza encargada del caso que «sería necesario intervenir cuanta documentación obre en las entidades Vitalia Vida y Uniter para comprobar en cuántos de estos ERE y en cuántas de las pólizas suscritas a través de estos mediadores con diferentes compañías aseguradoras se han introducido a personas ajenas a las empresas para lucrarse».

Es decir, se van a revisar todos los casos posibles para descubrir hasta donde alcanza esta «trama de mediadores» en los expedientes. No en vano, como ya constató hace días el atestado de la Policía Judicial, se presupone que estos intermediarios eran los encargados de introducir a personas ajenas u «hombres de paja» en las prejubilaciones al objeto de cobrar de forma fraudulenta las rentas de estas prejubilaciones. En ese mismo atestado se menciona a empresas como Uniter, pero sin relacionarlas en ningún momento con alguna de las irregularidades ya detectadas, sino como ejemplo del modus operandi en estas tramitaciones.

La investigación reveló que la concesión de estas ayudas se tramitaba a través de mediadores y empresas consultoras privadas que propiciaban acuerdos entre la empresas y los comité y de éstos con la Administración para la aprobación de ERE. Tanto es así que no consta solicitud de ayuda alguna por parte de las empresas beneficiarias, pues lo habitual era la firma de un protocolo entre la Dirección General de Trabajo y la empresa, o simplemente, un documento de la Dirección General de la Junta asumiendo el compromiso de pago de las primas de los seguros.