Hacienda aprieta a las grandes empresas en su combate contra el fraude fiscal

Hacienda aumentó su presión sobre los grandes contribuyentes dentro de sus actuaciones de lucha contra el fraude fiscal, que en 2010 proporcionó unos ingresos de 10.043 millones, un 23,7% más que en 2009. De esa cantidad, equivalente al 1% del PIB, 8.499 millones fueron recaudados por acciones directas de control, incluida la minoración de devoluciones, lo que supone un 21,3% más que los 7.008 millones obtenidos el año pasado. Los 1.544 millones restantes (un 38,9% más) son fruto de regularizaciones voluntarias de deuda inducidas por el propio fisco.

Son los principales resultados del Plan General de Control Tributario, presentados ayer por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo.

Lo más llamativo de esos datos es que muestran que en 2010 los inspectores situaron su lupa sobre el fraude de mayor importe. De ahí que el 25% de la evasión detectada provenga de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que entró en funcionamiento en 2006 para fiscalizar a las empresas y entidades de facturación superior a los 100 millones de euros anuales. En total fueron inspeccionados 500 grandes contribuyentes, «la inmensa mayoría empresas», según Hacienda, y su deuda media descubierta fue de 4 millones de euros.

No fue el único signo de que los perseguidores se cebaron, en general, con las empresas de mayor tamaño. El número total de inspecciones realizadas rozó las 30.000 y el importe medio de las deudas liquidadas se disparó hasta 250.888 euros, un 43% más que los 174.265 euros de 2009 y un 114% más que los 116.713 euros de 2005, cuando el Gobierno activó el plan de lucha contra el fraude. El secretario de Estado de Hacienda dejó claro que una deuda tributaria de 250.000 euros solo puede corresponder a «un contribuyente de tamaño considerable».

Otro indicio de la presión ejercida sobre los grandes contribuyentes es que la mitad del incremento registrado en 2010 los ingresos por actuaciones directas de control (745 millones) provienen de grandes empresas. Del total de contribuyentes inspeccionados, 5.809 pertenecían al sector inmobiliario, un 16,5% menos que en 2009, pero la deuda descubierta vinculada al ladrillo, 1.735 millones, creció un 19%.

Economía sumergida

Ocaña y López Carbajo celebraron estos resultados, que calificaron de «excepcionales». Asimismo, resaltaron que el plan va «en la buena dirección», ya que desde 2005 ha permitido ingresar 45.583 millones y la recaudación anual casi se ha duplicado desde entonces. En ese sentido, negaron que el fisco haya reforzado sus actuaciones de control para compensar la pérdida de ingresos derivada de la crisis. Pese a su triunfalismo, se trata de un éxito difícil de medir, pues no existe una estimación fiable del montante total de fraude que escapa al control de Hacienda.

Los comparecientes rechazaron la validez de los estudios privados que cifran en el 20% del PIB el porcentaje de economía sumergida. De alcanzar ese tamaño, recalcó Ocaña, «nuestro PIB per cápita sería mucho más alto, estaría al nivel de Luxemburgo, y no parece que eso sea así». No obstante, la evasión fiscal «tiene la importancia suficiente como para que estemos empeñados en perseguirla», admitió.

Aparte de la deuda recaudada, en 2010 Hacienda remitió a la Fiscalía 938 expedientes por delito fiscal, un 27,1% más que el año anterior. Ese aumento de denuncias obedece, entre otros motivos, al hallazgo de las famosas cuentas opacas de grandes fortunas españolas en el banco HSBC en Suiza. No obstante, la cuantía total defraudada por los delitos denunciados bajó un 11,2%, hasta 696 millones. Las actuaciones realizadas para garantizar el cobro de deudas aumentaron un 8,4%, y la cantidad total garantizada con ellas creció un 20,1%, hasta 1.492 millones.

El personal de Aduanas dependiente de la Agencia Tributaria incautó 19.933 kilos de cocaína y 175.929 kilos de hachís. Asimismo, se presentaron denuncias por blanqueo de capitales por un importe total de 368 millones de euros.