El jurado solo juzga el 3% de los casos que llegan a la Audiencia

Rara es la sentencia que contenta a dos partes -acusación y defensa- condenadas al litigio. Pero si ese dictamen judicial nace del veredicto de un jurado popular, la polémica está casi garantizada. Dentro de cuatro años la reforma legal que trajo consigo la participación de los ciudadanos en los juicios, ejerciendo el papel de juez, cumplirá 20 años. Pero lo que se antojaba como una auténtica revolución en el sistema judicial español, no termina de cuajar. Aunque son pocos los agentes implicados en la administración de justicia que reconocen públicamente su animadversión a esta figura, los datos estadísticos hablan por si solos.

Solo el 3% de los procedimientos que ingresa la Audiencia Provincial son juzgados por un grupo de ciudadanos; el resto es tarea de tribunales profesionales, según la memoria del TSJA. En 2009 -últimos datos oficiales que hay disponibles- se incoaron 8.821 procedimientos abreviados (casos que plantean penas no superiores a nueve años), otros 11.532 por la vía urgente (los conocidos juicios rápidos) y 96 sumarios (aquellos asuntos que llevan aparejadas penas muy graves). Frente a estos números, solo se impulsaron por la Ley del Jurado quince casos.

Pudiera tratarse de una anomalía territorial, pero si se acude a cifras nacionales se obtienen también cifras muy pequeñas y una tendencia a la baja. En el último informe actualizado del Consejo General del Poder Judicial - 'La Justicia dato a dato'- se indica que en 2009, cuando se llegó a tramitar casi un millón de juicios rápidos en todo el país; en cambio se elevaron al jurado popular un total de 281 asuntos. En 2008 fueron unos 300 y un año antes, 327.

Esa escasa actividad nada tiene que ver con las competencias que tiene atribuidas esta figura. La lista de delitos que deben ser juzgados por ciudadanos es muy amplia desde los ataques hacia la persona -amenazas, homicidios o asesinatos- hasta aquellos que definen corruptelas -el cohecho o tráfico de influencias-.

Si se buscara un calificativo al tribunal popular podría ser el de implacable. Y quizás en la dureza de sus veredictos reside buena parte de su mala imagen y escasa credibilidad entre los operadores judiciales. El 89,1 % de las sentencias dictadas por jurados en España acabaron en condena; y ese porcentaje se eleva hasta el 92,9% si se trata de casos relacionados con la violencia contra la mujer.

El año pasado, las secciones de Jerez y Cádiz celebraron cuatro juicios mediante el mecanismo del tribunal popular. Tres de ellos acabaron con una condena por asesinato y uno dictó un veredicto de culpabilidad por homicidio. Este último provocó una reacción rabiosa entre los familiares del sanluqueño Manuel Romero, 'Manu'. Ellos pedían una pena por asesinato para el principal procesado y condenas significativas para otros dos procesados, acusados de participar y ayudar al autor de los hechos. Sin embargo, el resultado final se aproxima a la última sentencia por el crimen de Medina.