Griñán: «Se han podido utilizar nombres falsos en esta trama»

El presidente José Antonio Griñán pidió ayer no especular sobre las personas que presuntamente son falsos jubilados en diferentes ERE porque puede ser que usar nombres falsos para percibir recursos sea parte de la «trama urdida» en casos como Mercasevilla.

En declaraciones a los periodistas en Cabra, Griñán se refirió a las informaciones que indican que entre los 37 nuevos casos de falsos prejubilados en diferentes expedientes de regulación detectados por la Junta estarían el exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, y el exdelegado de Trabajo, Juan Rodríguez Cordobés.

«Sobre estas personas es bueno que no especulemos y no hablemos porque pueden ser inocentes. También, porque puede ser que la trama urdida entorno a los expedientes sea utilizar nombres falsos para percibir recursos», dijo. «No quiero hablar de nombres. Puede ser o no ser. Hay que entender que las personas que figuran puede ser perfectamente inocentes y pueden ser utilizados sus nombres con fines ilícitos», añadió Griñán.

El presidente indicó que «puede ocurrir» que a la hora de remitir las notificaciones a la aseguradora correspondiente para el pago de pólizas «alguien haya incluido personas que no estaban en los expedientes». «Sabemos que quien ha autorizado estos nombres ha cometido una irregularidad manifiesta, pero no sabemos si los nombres forman parte de la irregularidad. Y si forman parte, ya están en la Justicia», matizó.

Tras recordar que fue la Junta la primera que denunció irregularidades en el caso de Mercasevilla, Griñán afirmó que el Gobierno regional ha colaborado «en todo lo que pedía la instrucción de la causa y también en lo que no pedía y que consideramos que podía ser una actuación irregular».

«Hemos ido más allá de los requerimientos del propio juzgado y hemos aportado todos los elementos que nos parece que pueden haber sido irregulares», insistió Griñán, que recordó que la Junta ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, ha pedido personarse en la causa, ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del consejero de Empleo, Manuel Recio, y remitirá los expedientes a la Cámara de Cuentas.

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, criticó ayer que la Junta diga ahora que «ya no hay intermediarios» en el caso de los ERE, y se preguntó si eso quiere decir que «para gastar el dinero de los andaluces han autorizado a intermediarios que se lo llevaban», porque, a su juicio, «eso es una indecencia».

Sanz apuntó que ya se verán «las responsabilidades reales» de esta trama y añadió que «a nadie le parecerá normal que centenares de expedientes sólo se han tramitado por dos empresas intermediarias», por las mencionadas Uniter y Vitalia.

Del mismo modo, indicó que en este punto, tras la nuevas diligencias, «la novedad es que ya no estamos hablando solo del 'caso Mercasevilla', sino que hay un auto de la juez que abre piezas separadas y se convierte en otro caso en el que el PP anuncia que va a presentar querella y se va a personar en la causa que instruye posibles irregularidades en otros ERE que no son Mercasevilla».

Sanz prefirió no aventurar hasta donde llegarán las irregularidades, y señaló que lo peor es que «se ha podido presuntamente robar con el dinero de los parados». Es una «indecencia monumental» que la Junta haya «jugado» con el dinero de los desempleados y «lo haya ha estado regalando a amigotes, gente cercana o altos cargos al tiempo que consentía recortes en las pensiones».