Chamizo reclama una segunda opinión técnica para las adopciones

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social que suscriba convenios con los Colegios Profesionales de Psicología y Trabajo Social a fin de que éstos puedan emitir una segunda opinión o «valoración contradictoria» en los casos de familias que desean realizar una adopción internacional y que no han obtenido un certificado de ideonidad en sentido positivo.

La institución que dirige José Chamizo alega, en una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha recibido numerosas quejas de familias que no fueron consideradas aptas como adoptantes porque la entidad privada a la que Igualdad tiene encomendado desde 2008 esta tarea de certificación basó la negativa «en juicios sobre cuestiones tan subjetivas como las intenciones, vivencias o aceptación de sentimientos» de los futuros padres.

Según explica la Defensoría andaluza, la evaluación de la idoneidad para la adopción se sustenta, en la práctica, tanto en aspectos «de más fácil comprobación por ser tangibles y mensurables» -capacidad económica, relaciones familiares, ausencia de enfermedades, estado de la vivienda, organización familiar, habilidades para la educación- como también en «otros apartados más susceptibles de interpretación subjetiva, muy relacionados con la parte emocional de las personas».

Es decir, que dejando a un lado los aspectos fácilmente comprobables y descartando la existencia de indicios de posibles patologías mentales, la búsqueda de la ideonidad «se adentra en el mundo de aquellas otras cuestiones mucho más subjetivas que, aún siendo relevantes para la adopción, no pueden ser llevadas al extremo de excluir a la persona de su expectativa de adoptar con fundamento en hipótesis carentes de comprobación, o con fundamento en interpretaciones poco consistentes de lo relatado en las entrevistas, conforme a la teoría de una concreta corriente doctrinal de la psicología», argumenta el Defensor en su resolución.

Es por ello por lo que recomienda a la Administración que, además de conveniar con los colegios de psicólogos y trabajadores sociales para que éstos puedan emitir una segunda valoración con la que las familias puedan reclamar ante la Comisión Provincial de Medidas de Protección, promueva la elaboración de «un manual o documento técnico que describa los instrumentos, procedimientos y criterios a utilizar en el procedimiento de valoración de idoneidad».