PROMESA DE RECHAZO

Batasuna, no cabe duda, dio ayer un aldabonazo político con el avance de los estatutos del nuevo partido que quiere inscribir en el registro del Ministerio del Interior. Todos aquellos que estaban en contra de su ilegalización creen ahora que Batasuna ha dado pasos para volver a ser legalizada, pero no reconocerán que esos pasos han sido provocados por la firmeza legal aplicada por el Estado. Si hace siete años se les hubiera hecho caso, Batasuna seguiría hoy donde estaba y no habría pasos que celebrar.

La izquierda 'abertzale' sigue negándose a condenar la historia del terrorismo etarra, que es su propia historia porque ETA y Batasuna han sido una misma realidad política. Es precisamente por eso por lo que Batasuna está hoy fuera de la ley. En lugar de realizar una autocrítica por su pasado, Batasuna ofrece una promesa de rechazo futuro de la violencia de ETA «si la hubiera». En condicional. La actitud de Batasuna es la de aquel que tiene deudas atrasadas y se ofrece a firmar pagarés por las nuevas deudas que pueda contraer en el futuro, pero no dice nada de liquidar las cuentas pendientes.

Para que a alguien como Batasuna se le acepte un pagaré debe tener credibilidad democrática, lo que no es el caso.

Los abogados de Batasuna han hecho su trabajo a conciencia para tratar de ajustarse a los requisitos establecidos por las leyes y los tribunales para volver a la legalidad, pero no tienen ellos la última palabra. El suyo es el trabajo de los abogados de parte. La última palabra la deberían tener los jueces. Puesto que fue la Justicia -con respaldo de la corte europea- la que dejó a Batasuna fuera de la legalidad, procede que sea también la Justicia la que determine si ese partido reúne los requisitos para que vuelva a operar dentro de la ley.

Lo primero que tiene que resolverse es si con el nuevo partido que promueve Batasuna se está ante un caso de sucesión fraudulenta que contempla el artículo 12.b) de la Ley de Partidos. Ese artículo establece que «se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto». La cuestión no queda resuelta porque así lo afirme el dictamen del abogado de Batasuna.

Lo segundo que deben resolver los tribunales es si son suficientes las expresiones de rechazo de la violencia, qué alcance legal tiene la negativa a utilizar el término condena o si queda acreditada una ruptura efectiva entre ETA y Batasuna. Porque se parte de una situación en la que Batasuna era el brazo político de una banda terrorista que sigue en activo -aunque en tregua temporal- y que no ha renunciado a la violencia. Y la ruptura tiene que acreditarse de manera fehaciente con hechos y no solo con estatutos. Nada mejor que darle a los tribunales la oportunidad de resolver sobre estas cuestiones.