Batasuna, aún lejos de la legalidad

La izquierda abertzale, durante mucho tiempo considerada el "brazo político" de ETA y tolerada en la legalidad, fue ilegalizada a raíz de una tesis elaborada por el juez Garzón, tan controvertido hoy día, que mantenía y llegaba a demostrar jurídicamente el criterio de que todas las organizaciones que pululaban en torno a la organización terrorista eran en realidad parte de la propia ETA. Más adelante, el Estado reformó la ley de Partidos para impedir que las formaciones ilegalizadas pudieran cometer cualquier fraude de ley que les permitiera participar democráticamente pese a su proscripción.

Pues bien: después de una larga campaña poco convincente en la que los antiguos batasunos trataron de desmarcarse de ETA sin rechazar sus atentados ni su propia existencia, la izquierda abertzale ha dado hoy a luz su enésima "marca blanca" para intentar ser readmitida en la ceremonia política del País Vasco y, en concreto, para tratar de participar en las próximas elecciones municipales. Es vital para ella no perder esta oportunidad ya que, de no lograrlo, se quedaría sin cargos electos a todos los niveles, con lo que ello representa política y económicamente.

El miércoles, el nuevo partido presentará sus estatutos en el registro de partidos del Ministerio del Interior y dará así comienzo a un proceso en el que, previsiblemente, el ministerio fiscal planteará ante los tribunales penales la negativa a la inscripción, por más que tales estatutos se parezcan extraordinariamente a los de otros partidos perfectamente legales e incluyan una condena explícita a la violencia política en general y una mención expresa a la de ETA en particular.

La razón de la negativa de la fiscalía, que coincide con la posición de los dos grandes partidos estatales, es poco cuestionable: Batasuna –con éste o con otro nombre- ha sido disuelta e ilegalizada por haber sido considerada parte integrante de ETA. En consecuencia, como ETA no se ha disuelto ni ha anunciado en términos claros su intención de hacerlo, la declaración de Batasuna contra la violencia no tiene credibilidad. No se puede admitir la buena fe pacifista de quien guarda en su casa un arsenal por si pudiera necesitarlo.

El constitucionalista Javier Pérez Royo ya explicó hace unas semanas en un artículo publicado en la prensa de Madrid que "para la izquierda abertzale, a diferencia de lo que ocurre con todos los demás partidos, su posicionamiento frente a la violencia se convierte en un problema constituyente. O lo resuelve, o no podrá adquirir personalidad jurídica para poder concurrir a las elecciones". Esto es así incuestionablemente tras la interpretación de la Constitución y de la Ley de Partidos que han realizado sucesivamente el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sucede –sigue explicando Pérez Royo- que el concepto de violencia se ha cargado de contenido en nuestro país. "Violencia –escribe- en el ordenamiento jurídico español no es violencia sin más. Es violencia en todas las formas de manifestación que el legislador ha catalogado en el artículo 9 de la Ley de Partidos". No ha de bastar pues el rechazo genérico de la violencia sino que hará falta el de la "violencia legislativamente definida, que incluye no solo el ser protagonista de una conducta de las allí definidas [en el art. 9 de la Ley de Partidos], sino también tener una actitud connivente con ellas.

El artículo 9 de la Ley de Partidos es un amplio catálogo de conductas prohibidas –doce, en concreto- que determinarán la ilegalización del partido político que incurra en ellas. Tales conductas van desde "fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos" hasta "dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo", pasando por un sinnúmero de modulaciones de la agresividad.

Será, en fin, muy difícil que la nueva marca de la izquierda abertzale consiga convencer a los ciudadanos, al fiscal y a los tribunales de que ha abdicado de su anterior tolerancia con ETA, organización de la que seguirá inexorablemente formando parte mientras la propia ETA siga existiendo. En definitiva, el reconocimiento político que el mundo radical pretende obtener sólo le llegará cuando ETA abandone incondicionalmente las armas y se disuelva, o cuando Batasuna adopte la actitud de no condenar tan sólo la violencia sino de expresar su ruptura plena e incondicional con la organización terrorista. De momento, no ha sucedido ni lo uno ni lo otro, por lo que la legalización de Batasuna está lejos todavía.