Confianza judicial
Actualizado:La decisión del juez Pablo Ruz de no llamar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por considerar «irrelevantes» en relación al 'caso Faisán' las comunicaciones telefónicas que mantuvo con responsables de su departamento devuelven la instrucción sobre el supuesto chivatazo que permitiera la huida inicial de una persona sospechosa de formar parte del aparato de extorsión de ETA al cauce de la investigación judicial sobre distintos responsables policiales. El hecho de que todas las personas identificadas como integrantes de dicha trama acabaran detenidas y encausadas no resta, como en ocasiones ha dado a entender el vicepresidente Rubalcaba, gravedad a una fuga de información tan intencionada que al parecer puso sobre aviso a los sospechosos que iban a ser objeto de una redada. El ministerio del Interior está obligado a colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de hechos sobre los que debió abrir una encuesta propia y concluyente para despejar dudas y sospechas que afectan a la actuación de funcionarios relevantes. Pero la insistente utilización parlamentaria del caso por parte de los populares debería atenerse, a estas alturas, a los resultados que vaya ofreciendo el procedimiento judicial abierto para así preservar la confianza que merece la Justicia.