Los casos de bebés robados deben ser investigados en Cádiz

La Fiscalía General del Estado anunció ayer que no es partidaria de de abrir una investigación general sobre los supuestos casos de bebés robados al nacer entre las décadas de los 50 y los 80, ya que considera que deben ser investigados por separado por las fiscalías provinciales.

La decisión responde a la denuncia conjunta que la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) presentó a mediados de enero, en la que incluía 261 casos, de los que unos cuarenta pertenecen a familias de la provincia de Cádiz. Anadir reclamó en su denuncia al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que abriera una investigación para identificar a los responsables de una supuesta red de robo de bebés en hospitales de toda España, que se habría dedicado a la compra venta de recién nacidos sin el conocimiento de los padres.

La denuncia incluía casi trescientos desapariciones que hasta ahora han podido ser documentadas, aunque según la asociación, desde que aparecieron los primeros casos en los medios, se han destapado muchos más de familias que sospechan haber sido víctimas de esta trama, pero que no cuentan todavía con pruebas suficientes.

El Ministerio Público, sin embargo, considera que el órgano competente para conocer los casos denunciados son las fiscalías provinciales. De esta manera, cada hecho debe ser tramitado en el lugar donde ocurrió, por lo que es probable que la denuncia colectiva(Anadir) acabe parcelada por toda la geografía española.

De hecho, en la actualidad existen al menos cuatro órganos provinciales con investigaciones abiertas sobre bebés robados, uno de ellos, la Fiscalía de Cádiz, que tramita casi medio centenar de denuncias de niños supuestamente robados en los hospitales de La Línea y de Cádiz. Es más, la fiscal jefe de Cádiz y el fiscal de Algeciras fueron los primeros en ordenar a la Policía que realicen las diligencias oportunas para averiguar si efectivamente se cometieron los robos y si estos han prescrito ya. A ellos se sumaron la Fiscalía de Málaga, de Sevilla y de Huelva, con casos similares.

La decisión de la Fiscalía General se suma a la del fiscal de la Audiencia Nacional, que también se negó a investigar los casos de manera conjunta.