La justicia pone a Camps al borde del banquillo en vísperas electorales

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha colocado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a un paso del banquillo de los acusados a menos de cuatro meses de las elecciones autonómicas en las que vuelve a ser el candidato de los 'populares' en la comunidad. El magistrado instructor de la conocida como 'causa de los trajes', José Flors, dictó una providencia para anunciar que ha concluido su investigación sobre este asunto tras haber practicado todas las diligencias acordadas y dio un plazo de cinco días a las partes, acusaciones, defensa y Fiscalía, para que digan si apoyan la celebración de un juicio y presenten sus informes.

Habida cuenta de que la Fiscalía va a informar a favor de sentar en banquillo al gobernante valenciano, la gran incógnita a despejar -explicaron ayer responsables judiciales- no será si Camps será enjuiciado por un supuesto delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos de la trama 'Gürtel', sino si la vista oral será antes o no de los comicios autonómicos del próximo 22 de mayo.

Dado que la resolución conocida ayer es recurrible en reforma y que, probablemente así lo harán las defensas, parece poco probable que el juicio sea antes de las elecciones, aunque sí es muy posible que Camps tenga que hacer campaña electoral estando formalmente imputado y con una fecha señalada para el juicio.

En ese aún hipotético proceso acompañarían al presidente de la Generalitat en el banquillo de los acusados el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; el ex secretario general del PP valenciano y diputado en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. Ellos, como Camps, están acusados de haber aceptado dádivas de la empresa de la trama 'Gürtel' en Valencia, Orange Market, y de su responsable, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

La decisión de Flors de pisar el acelerador y dar por concluida esta investigación que por tantas vicisitudes ha pasado ha sorprendido, sobre todo porque el instructor todavía no había respondido a un recurso de Camps por las escuchas ilegales de los locutorios de la cárcel de Soto y otra petición sobre 'pinchazos' en general.

Casi dos años

Este sumario de los trajes lleva camino de cumplir los dos años de vida. La causa llegó por primera vez a Valencia en marzo de 2009, cuando Baltasar Garzón se inhibió a favor del Tribunal Superior de la comunidad tras encontrar los primeros indicios de cohecho contra Camps y sus principales colaboradores. El Superior valenciano, tras tomar declaración a testigos e imputados, dio carpetazo al caso a principios de agosto de 2009 en una decisión muy controvertida. Tras varios recursos ante el Supremo, el alto tribunal ordenó en mayo de 2010 a la justicia valenciana reabrir elcaso.

La nueva inhibición del Tribunal Superior de Madrid a favor del valenciano en junio del pasado año, reactivó parcialmente la investigación y el asunto de los trajes se volvió a moverse, aunque la justicia tiene aún pendiente decidir si también imputa a varios altos cargos de la comunidad por delitos electorales y contra la administración pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho propio, como sostienen la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Madrid.

Camps, tras conocer la decisión de Flors, pidió a la Fiscalía que le aplique la «doctrina Bono» o la «doctrina Chaves» en este sumario y, así, «acabar definitivamente con esta cuestión». Se refería a las decisiones del Ministerio Público de archivar las demandas contra el presidente del Congreso por presuntas irregularidades en su patrimonio y en el caso del vicepresidente tercero hizo lo propio con las subvenciones de la Junta de Andalucía a una empresa de su hija.