La Fiscalía da un giro radical y apoya investigar el chivatazo a ETA

Giro copernicano y milagrosa conversión en solo unos días. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en octubre de 2009 y el pasado 18 de enero había reclamado con insistencia dar carpetazo definitivo a la causa sobre el chivatazo policial a ETA porque la investigación estaba agotada sin que pudiera conocerse quién era el soplón, ayer se cayó del caballo y cambió por sorpresa de postura.

El Ministerio Público, en un escrito dirigido al nuevo instructor de ese sumario, Pablo Ruz, apoya las nuevas diligencias que reclama la acusación Dignidad y Justicia; incluso la de obligar al departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba a desvelar quién usaba los dos móviles y el teléfono fijo a nombre de la Subsecretaría de Estado del Ministerio del Interior que recibieron llamadas de dos de los tres imputados por el chivatazo a ETA antes, durante y después de que se produjera la delación policial al aparato de extorsión de la banda terrorista el 4 de mayo de 2006. A esos móviles de Interior también telefonearon los sospechosos cuando cuatro meses después, ya en septiembre, supieron que Baltasar Garzón acababa de abrir una investigación sobre la filtración.

El fiscal del caso, Carlos Bautista, dice «no oponerse» a la identificación de esos usuarios, «aunque el equipo investigador no haya considerado relevantes para la averiguación de los hechos las llamadas recibidas y/o efectuadas por y desde esos teléfonos, hasta el punto de no mentarlas en su informe de imputaciones». De hecho, según denunció Dignidad y Justicia, los investigadores obviaron por completo esos teléfonos en sus atestados, y por ende, conocer quien los usaban, a pesar de que había hasta 17 llamadas, en días claves del 'chivatazo', realizadas por el entonces director de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Euskadi, Enrique Pamiés, ambos todavía imputados en este sumario, al igual que un inspector de la Brigada de Información de Álava.

La misma Fiscalía que hace solo diez días, tras examinar los 645 folios remitidos por la juez antiterrorista Laurence Levert sobre la delación, aseguró que no había motivos para «nuevas diligencias» porque ese material, aunque vasto, «no aportaba nuevos elementos incriminatorios». Ahora, sin embargo, dice que las nuevas investigaciones que propone la acusación no «pueden ser consideradas como impertinentes o inútiles» para saber quién avisó a ETA de la inminente operación contra Joseba Elosúa, el dueño del Bar Faisán de Irún, establecimiento que supuestamente era usado por la banda como oficina de cobro del impuesto revolucionario.

Contrainforme

El Ministerio Público, que asegura que siempre ha apoyado la práctica de las «diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos», incluso va más allá de lo que solicitó Dignidad y Justicia o de las investigaciones que ordenó el propio Ruz el pasado lunes, cuando reactivó el sumario tras meses de letargo. Bautista solicita en su escrito de ayer un contrainforme «complementario» de la Guardia Civil al de la Policía sobre el tráfico de llamadas desde móviles con tarjeta de prepago en la zona de Irún en los días de los hechos, y pericias de técnicos telefónicos sobre la posibilidad de que la cabina junto al Faisán pudiera haber sido manipulada y sobre la cobertura de las antenas de móviles francesa en la frontera.